CONSULTA


El delito de
estafa en una letra de cambio se configura cuando es garantía de un
negocio jurídico

Javier Cala
Socorro

 


RESPUESTA DE LA
ACADEMIA

Bogotá, D.C., agosto 28
de 2006

Señor doctor
Marco Gerardo Monroy Cabra
Presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia
Señores Academicos
Ciudad

Por comisión que el señor
Presidente tuvo a bien otorgarme en pasada sesión, me permito
presentar a ustedes, el correspondiente informe, el cual someto a su
inteligencia y consideración.

CONSULTA

El objeto de la consulta
es del siguiente tenor:

?El
delito de estafa en una letra de cambio se configura cuando es
garantía de un negocio jurídico?.

Nada más dice, nada más
agrega, y nada más concreta el consultante. Faltó por completo que
don Javier Cala se refiriera en detalle, y en muchas más cosas, al
asunto de la referencia, pues apenas lo plantea muy ligera y
tenuemente, sin expresar, con el rigor deseado, las verdaderas
vivencias del mismo. A derechas se entiende que la Academia
Colombiana de Jurisprudencia se ponga al compás de las consultas,
cuando estas se formulan, en su posible excelencia, para esto y por
esto, bien que en otros casos, es difícil entender el sentido del
dictamen impetrado, resultando que el jurista se ve forzado a trazar
de su propio motivo, algunos juicios y derroteros en un esfuerzo
mental, casi que heroico, por cubrir todas las posibilidades de la
materia a tratar, lo cual no es justo ni racional para los
académicos, situación que no escapará a ninguna pluma inquisitiva.
De todas suertes, y en su afán por cumplir con el encargo
intelectual recibido, planteamos en abstracto y en concreto, algunas
cuestiones que se rozan con la temática penal, propia de los títulos
? valores.

RESPUESTA

1.- El delito de estafa
aparece definido por el artículo 246 del Código penal, en los
términos que siguen:

Artículo 246 .- Estafa


?El
que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con
perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro, en error por medio
de artificios o engaños, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8)
años y multa de cincuenta (50) a mil (1.000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.

En la misma
pena incurrirá el que en lotería, rifa o juego, obtenga provecho
para si o para otros, valiéndose de cualquier medio fraudulento para
asegurar un determinado resultado.

La pena
será de prisión de uno (1) a dos (2) años y multa hasta de diez (10)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando la cuantía no
exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes?.

2.- Los elementos
estructurales o compositivos del injusto en cuestión, se detallan a
seguida:

a.- Un engaño con
trascendencia jurídica para producir el error.

b.- El error de la
víctima que vicia la voluntad de la prestación.

c.- La disposición
patrimonial en provecho del autor.

d.- La existencia de un
perjuicio ajeno con el debido nexo o relación de causalidad entre la
defraudación y el daño patrimonial.


3.- Al no exponer el preguntador las características particulares
del medio empleado para inducir en error a la víctima (
señuelos, artilugios o
maquinaciones), ni señalar
la relación funcional, engaño ? acto de disposición, ni tampoco
describir la concreta naturaleza del tipo subjetivo, resulta en
extremo difícil e intrincado, registrar el delito o delitos
cometidos por el agente. Manejemos entonces, con gesto resignado,
las hipótesis comportamentales más comunes del asunto, como formas
típicas de agresión patrimonial :

a.- Si la obligación
cambiaria se contrae con el propósito doloso de favorecer a terceros
y burlar la posibilidad de hacer líquido el importe del crédito, sin
discusión, habrá un artificio o una conducta falaz para realizar el
tipo pertinente de la estafa. Es evidente la impostura, si el
deudor, autor de la conducta prohibida, se presenta ante el acreedor
como hombre adinerado y acaudalado, mostrando documentos y papeles
que pregonan su capital y riqueza ? los cuales son siempre
simulación o apariencia de solvencia económica ? solicitándole un
préstamo urgente, comprometiéndose a pagar, a más del valor indicado
en la letra de cambio, como título a la orden, créditos superiores
al interés legal o convencional, a lo cual accede el engañado. Se
sorprende así, con este medio comisivo, la buena fe ajena, y por
ello, es de toda verdad, que hay conducta punible. El artículo 305
del C. P. define esta forma astuta y ladina de delincuencia.
Cuestión distinta la usura, si es que las ventajas pecuniarias son
desproporcionadas con la prestación, en los términos del artículo
305, ibídem.

b.- Si se adultera el
título de crédito, falsificando el acreedor cautelar, a su favor, la
literalidad del guarismo original de la letra comercial,
incrementando dolosamente la suma de dinero acordada, forzoso es
identificar un reproche penal por el delito de falsedad material en
documento privado. El artículo 289 del C. P. recoge esta conducta
relevante que se produce para ingresar y engañar al tráfico
jurídico.

c.- Si alguno
encuentra un cheque (
o una letra de cambio, para
el caso da igual, mutatis mutandis
), y sin conocer la firma del
cuentacorrientista, lo llena liberalmente con una orden
incondicional de pagar una determinada suma de dinero, y lo
presenta, en el caso del cheque, pongo por caso, a un almacén o a un
establecimiento comercial, con el fin de comprar bienes y
mercancías, la doctrina penal mayoritaria entiende que se está en
presencia de los delitos de falsedad y estafa. Se habla de lo
primero, porque el sujeto de la acción, finge una situación que es
diferente a la real y auténtica, haciendo en todo o en parte, un
documento falso, y lo segundo, porque el efecto de comercio se
utiliza como medio engañoso para procurar al autor, o a otro, un
provecho injusto con daño ajeno. En estos supuestos, la teoría del
delito habla de un concurso real o material de delitos (pluralidad
de conductas que
ofenden bienes jurídicos distintos, a los que debe dictarse una
única sentencia), de
naturaleza heterogénea
( los hechos punibles ofenden
bienes jurídicos desemejantes
), y sucesivo, (
entre uno y otro comportamiento medió un relativo tracto temporal).


d.- Por cierto que mi
criterio personal va por otro lado, lo que ya es mucho decir en
Colombia, donde los altos y eruditos círculos jurídicos no derraman
sus bendiciones ni sus aplausos a quienes obran de acuerdo con lo
que piensan y practican, por llevar muy en lo dentro de sus entrañas
espirituales la bondad de sus tesis y creencias. Dejando aparte
esto, entiendo entonces, que si no existe imitación de la caligrafía
o de los rasgos gráficos del librador ? y en el caso de la
ejemplificación, ello es evidente, al no conocer el delincuente la
persona del girador ?, y por supuesto, ignorar la firma registrada
en el banco ? no hay delito de falsificación que imputar. Como es
notorio en nuestro medio, y sabido por los más, me sumé al criterio
carrariano de la imitatio veritatis, postura que
solitariamente he defendido por estos confines, en contraposición a
la tesis de la inmutatio veritatis, que es la posición de la
mayoría. Al llegar a este punto, debo decir, y es la expresión
estricta de la verdad, que la jurisprudencia de la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia no acepta las ideas del maestro de Pisa


1,
y por supuesto, las mías. Entre otras muchas, pueden consultarse las
casaciones de octubre 5 de 1990 y abril 6 de 1994, donde fueron
magistrados ponentes los doctores Torres Fresneda y Calvete Rangel,
respectivamente, con los correspondientes salvamentos de voto del
magistrado Valencia Martínez. Debo decir que a mi, y con el respeto
por las ideas ajenas, jamás nunca me convencieron en esta compleja y
sensible materia los criterios en contrario, provengan, no obstante
su aparato y su fama, de la Sala de Casación o de algunos sectores
de la doctrina. Sea esto lo que quiera, y como mi vida intelectual
es todo lo contrario a estas últimas enseñanzas, ruego a ustedes,
permitirme evocar los siguientes párrafos, escritos en alguna
ocasión:

?Sin
imitación no puede hablarse, stricto sensu, del delito de
falsedad. Su ausencia desintegra la conducta de este tenor para dar
paso firme a formas comunes de fraude. En poco más de treinta años
he perseverado en sostener, como ningún otro, que la imitación hace
parte de la estructura ontológica del delito-tipo de falsedad,
concepto donde se halla amadrigada toda la esencia controversial que
gira en rededor de esta infracción. He remeditado el asunto y cada
día estoy más firme en mis convicciones. Acá, los criterios
dirigentes van por otro lado, conformándose los autores, y casi toda
la jurisprudencia nacional, con repetir lo que se conoce en el
medio, postura fácil de convencimiento, sin que nadie apreste su
inteligencia a contradecir o refutar la opuesta concepción.


Y aunque
suene a sacrilegio o apostasía en los oídos de los competentes
penalistas de mi país, seguiré a solas, ahora, antes y siempre,
concretando mis convicciones sobre la materia, con la esperanza, a
medias en profecía y a mitad en ensoñación, que el criterio de la
imitatio veritatis adquiera, por fin, los vuelos que merece.
Mientras tenga asiento en la cátedra y pluma de escritor seguiré
luchando a hito contra el discurso contrario. A remate de cuentas,
los criterios son de este mundo y es bueno darlos a conocer por
dentro

2.


5.- Por último, un
caso concreto a destacar ? a buena verdad, poco más o menos
aproximado al expuesto por la consulta ? tendría que ver con los
delitos de falsedad en documento privado y estafa. A conciencia,
recuerdo que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en la
casación atrás indicada (
6 de abril de 1994
), se vio abocada a examinar el caso del individuo que convenció a
su querida de firmar una letra de cambio que sirviera de garantía
para la compra de unos repuestos, con destino a un automotor. El
Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo ? en su condición de Juez
de segunda instancia ? confirmó la condena proferida por el Juzgado
2 Penal del Circuito de Sogamoso en contra de Gonzalo Mogollón
Morales, como autor responsable de los delitos de falsedad y de
estafa. Por lo demás, ni el Juzgado ni el Tribunal, dijeron ninguna
cosa acerca del fraude procesal, estando obligados a ello, como si
el círculo de estas ideas no tuviera las repercusiones que en verdad
tienen. !Que hemos de hacerle¡. Recordando a Don Miguel de Unamuno:
para trabajar hacia fuera, para los demás hay que haber trabajado
hacia adentro, para si mismo. Que bello pensamiento, lástima que no
lo conozcan, los servidores públicos aludidos, porque en esto hay
una gran lección.

6.- Acaso sea importante
recordar algunas ideas del proceso en mención. La historia del
asunto, viene expuesta así, en el lenguaje del Tribunal :

?Demetria
de las Mercedes Avendaño Cuervo denunció ante el Juzgado de
Instrucción Criminal reparto de la ciudad de Sogamoso a Gonzalo
Mogollón Morales en razón a que cuando convivió en unión libre, con
este señor, adquirieron una casa en el área urbana de aquella ciudad
por valor de un millón doscientos mil pesos, monto que dice fue
cubierto por la denunciante con préstamo que al efecto les otorgó
BCH, y con dineros provenientes de cesantía parcial y parte del
sueldo que como empleada del ISS devengaba. Como quiera que Mogollón
figuraba en la escritura de aquella compra sin haber contribuido en
el pago del valor de la casa, Demetria le pidió la devolución de su
derecho y se hizo entonces la escritura respectiva por valor de
$600.000.oo. al surgir entre ellos una serie de desavenencias.
Demetria se mudó de casa y al poco tiempo de hacerlo se enteró que
en su contra cursaba un proceso ejecutivo por la suma de dos
millones quinientos mil pesos con base en una letra de cambio que
por ese valor se hacia figurar como deudora, siendo que en realidad
no debía ese dinero. Puntualizó la denunciante que esa suma la
colocó el denunciado en una letra de cambio que tiempo atrás le
había firmado en blanco y dada en garantía para unos repuestos de su
carro. Como el denunciado le hiciera saber y creer que había
destruido esa letra, de desentendió del asunto, pero luego fue
sorprendida con la ejecución que en su contra se adelantaba en el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Sogamoso con fundamento en la
letra de cambio por ella suscrita y por el referido valor. Esta es
la razón para acudir a la justicia y denunciar penalmente a Mogollón
Morales por los punibles ya enunciados?.


Por razones
técnicas, y por ausencia de demostración de las censuras, la Sala
Penal no casó el fallo de condena impugnado, por cuya virtud al
sujeto agente se le atribuyeron los delitos antes referenciados,
advirtiendo sí la posibilidad de enrostrar al imputado el delito de
fraude procesal, por cuanto el ?haber
utilizado a la administración de justicia como medio para obtener el
provecho ilícito, induciendo a un juez en error para que profiera
una sentencia contraria a la ley, podrá constituir un fraude
procesal en concurso con la estafa?.
Anotó la Sala Penal que esta situación ?no
constituye error en la denominación jurídica, sino una deficiente
calificación que no puede dar lugar a que se compulsen copias,
porque se violaría la prohibición contenida en el artículo 217 del
Código de Procedimiento Penal, haciendo más gravosa la situación del
procesado que en este caso es recurrente único, ya que no se trata
de hechos que no hubieran sido objeto de la investigación, ni que el
juez no los hubiere apreciado, sino simplemente que al formular los
cargos no se tuvo en cuenta que lo ocurrido generaba una imputación
más?. No defiendo esta
última tesitura por entender que la Corte validamente podía ordenar,
de oficio, la compulsación de las copias pertinentes. Pero este es
otro asunto.

En esta sentencia de
casación, y con la debida extensión, salvé mi voto, con los
siguientes argumentos y proposiciones:

?Cualquiera
que sea el error de mis preocupaciones, tengo para mi que los autos
apuntan a demostrar la presencia de dos títulos penales: Estafa y
fraude procesal. Es lo que yo apercibo con toda nitidez, lamentando,
de verdad, que el criterio de la Sala no haya logrado convencerme, y
así, digo:

a) La
historia procesal muestra con claridad dos etapas perfectamente
diferenciables. La primera acaece cuando el procesado convence a su
concubina de firmarle una letra de cambio supuestamente para servir
de garantía a la compra de unos repuestos con destino a un
automotor. La segunda, cuando la llena a su acomodo, haciéndola
aparecer como deudora suya de una suma importante de dinero y acude
con el título circulatorio ante la jurisdicción civil para su cobro
coactivo.

En lo que se
refiere al primer comportamiento, meridiano resulta su
encuadramiento dentro del tipo penal de la estafa. El primero de sus
elementos estructurales es el despliegue que hace el sujeto activo
de artificios, engaños y trapisondas destinados a hacer caer en
error a la víctima. Comoquiera que Mogollón para la época del suceso
criminoso manejaba un automóvil de su propiedad, le solicitó a
Demetria Avendaño que le colaborara para ponerlo en funcionamiento,
mediante la firma de una letra de cambio, como respaldo o garantía
de la compra de los repuestos necesarios. Como Mogollón aparentaba
no contar con el dinero suficiente para ello, Demetria aceptó la
petición y firmó el documento, estructurándose el segundo elemento
del delito: El error o falso juicio de quien sufre el engaño,
determinado por el ardid. Sin embargo, su amante no obtuvo el
provecho ilícito esperado, pues aunque intentó su cobro por medio de
la administración de justicia, su intento se vio frustrado por la
denuncia que llevó a revelar la verdad de su comportamiento, pese a
que consiguió embargar el inmueble de Demetria, pero sin lograr el
cobro efectivo de la letra en referencia. Así las cosas, esta
conducta, al no realizarse este tercer elemento del ilícito,
convierte la estafa en tentada;

b) Con
relación a la restante conducta, es de ver que ya en posesión del
documento, Mogollón Morales acude ante un Juez de la República para
obtener su cobro. Razón le asiste a la Sala cuando afirma ?y en esto
la acompaño? que la utilización que hiciera el procesado de la
administración de justicia para conseguir sus proclives fines
determina un fraude procesal. Es claro que con el falseamiento de la
verdad perseguía engañar al fallador para que dictara una sentencia
injusta y contraria a derecho;

c) El motivo de
mi inconformidad versa sobre la tipificación que hace la Sala de un
delito de falsedad. No creo en la realidad óntica de este
delito-tipo. La firma de Demetria es la legítima y auténtica. El
sujeto de la conducta ni remedó, ni imitó, ni creó la firma
libradora por cuanto ?como bien se conoce? la mujer, bajo los
engaños y trapisondas conocidos, había firmado con antelación la
letra de cambio. He creído siempre que la actividad creadora en un
documento no es conducta que afecte el bien jurídico de la fe
pública y sí presupuesto del delito de la estafa. Si la imitatio
?que es parte integral del tipo de falsedad? no se da en el caso
penal, el hecho deriva hacia formas comunes de fraude. En esta
específica ocurrencia donde el documento falsificado se inventa o se
crea ?sin asumir imitación de lo verdadero? no es relevante el
quehacer falsario, y en todo caso, el hecho no se acondiciona a esta
tipicidad. Creo, entonces, que esa ?delincuencia falsaria? al estar
en función del plan o modo de actuación de Mogollón Morales apenas
constituyó en el recorrido del iter criminis una acción
precursora de la conducta pergeñada en el tipo del artículo 182 del
Código Penal. Nada más. Debió, pues, la Sala decretar la nulidad de
la actuación, por errónea calificación de las conductas.

Con mi
pensamiento propio he expuesto lo que considero sea la situación del
caso. Por cierto que observo que los planteos de aquí o de allá
tienen la virtud de permitir algunas reflexiones y cálculos, así mis
opiniones lleven las de perder?.

Entonces, pues:


El consultante tiene a su
disposición, concretas reflexiones y textos abiertos, sin veladuras
de ninguna especie, para aclarar sus escrúpulos y vacilaciones, que
es a lo que vamos, según todo lo anterior. Y nada más, que lo dicho
y escrito es suficiente para ordenar y sistematizar las ideas de
quien eleva la consulta.

Jorge Enrique Valencia
M.


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1 Véase, el Programma del Curso de Derecho Criminal, de
Francesco Carrara, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1948, Parte
Especial, vol. VII, Nos. 3676 y ss., p.p. 301-306.




2 Vid mi libro, La otra cara de la jurisprudencia penal,
Ediciones Jurídicas Ibañez, Universidad Autónoma de Colombia,
Bogotá, 2004, p. 101.

 

RESOLUCIÓN


Resolución
No 019 de 2006 (Octubre
09 de 2006)Por la cual se aprueba la
ponencia con autoridad de la
Academia.


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