CONSULTA
Los
procesos de ejecución están soportados en los respectivos títulos
ejecutivos; adicionalmente, normalmente en el curso de dichos
procesos se dicta sentencia ordenando llevar a cabo la respectiva
ejecución. Se pregunta: 1º) Por razón de la existencia de la
sentencia que ordena llevar a cabo la ejecución, ¿el
respectivotítulo ejecutivo se torna imprescriptible?; 2º) la
sentencia que ordena llevar a cabo la ejecución ¿es igualmente
imprescriptible?, es decir, ¿conserva a perpetuidad sus efectos?
Linda
Angela Quintero Rodriguez
Bogotá
 

CONCEPTO
DE LA ACADEMIA

Bogotá, 27 de agosto de 2007

Doctor
Marco Gerardo Monroy
Cabra
Presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia
Ciudad

Ref: Consulta relacionada con el
sentido que debe darse a la sentencia que
ordena llevar adelante la ejecución
respecto de la prescripción del título que
sirve de base para el proceso.

Muy
respetado Señor Presidente:
I
Recibí la tarea de
absolver la consulta que por correo electrónico, elevó la señora
Linda Ángela Quintero Rodríguez y en la que solicita concepto sobre lo siguiente:

Por razón de la
existencia de la sentencia que ordena llevar adelante la
ejecución, ¿El respectivo título ejecutivo se torna
imprescriptible?

La sentencia que
ordena llevar adelante la ejecución, ¿Es igualmente
imprescriptible, es decir, conserva a perpetuidad sus efectos?
II
Para resolver las
cuestiones planteadas desarrollaré la siguiente agenda:

El
fin del derecho.


Concepto de prescripción.


Justificación de la prescripción.


Prescripción extintiva.


¿Cómo opera la prescripción extintiva?.

La
caducidad.

La
perención.


Levantamiento de cautelas por pérdida de la actuación.

La
sentencia ?no hay obligaciones irredimibles? es un principio
general de derecho.


Interrupción de la prescripción extintiva y comienzo de un nuevo
término.


Interrupción de la prescripción en las diferentes ramas del
derecho.


Reanudación del término de prescripción cuando la interrupción es
por notificación de la demanda.


Oportunidades para alegar la prescripción.


Reanudación de los términos de prescripción.


Conclusiones.
Normas,
jurisprudencia y doctrina aplicables al caso.
Normas:
Constitución de 1886: Arts. 22, 34, 37 y 50; Constitución de 1991:
Arts. 2 y 230; Código Judicial: Art. 364; Código Civil: Arts. 4,
1625, 2512, 2513, 2524 y 2539; Código de Comercio: Arts. 789, 822 y
882; Código Penal: Arts. 83, 84 y 86; Código de Procedimiento Civil:
Arts. 37, 90, 91 y 306; Código de Procedimiento Laboral: Art. 151.
Leyes: 791 de
2002 y 794 de 2003.

Decretos: 1778 de 1954, 1848 de 1969 y 3135 de 1969.

Jurisprudencia: Honorable Corte Constitucional, Sentencia
T-1319/05, Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto y
CSJ, Cas. Civil, sentencia octubre 10 de 1994, expediente 4355,
magistrado ponente Dr. Nicolás Bechara Simancas.
Doctrina: La
expresada por los profesores: Juan Rafael Bravo Arteaga, Alberto
Cabrera Gutiérrez, Ulises Canosa Suárez, José Antonio López Nevot,
Jaime Mans, Hernando Morales Molina, Guillermo Ospina Fernández,
Jesús M. Restrepo Barrientos y Álvaro Pérez Vives.
III
El
fin del derecho.-
No
es lo mismo ley que derecho.
Al
tenor del Art. 4 del C.C., ?Ley es una declaración de la voluntad
soberana manifestada en la forma prevenida en la Constitución
nacional. El carácter de la ley es mandar, prohibir, permitir o
castigar.?
El
derecho no es solamente el texto frío de los códigos y las leyes,
sino la norma enriquecida con la explicación que de ella da el juez
institución, para su recta y correcta aplicación.1

El
derecho, suma de ley y de jurisprudencia, debe estar al servicio del
ser humano de tal manera que el Estado pueda alcanzar sus fines que
no son otros que los enunciados en el Art. 2 de la Constitución,
entre los que destaco ?asegurar la convivencia pacífica y la
vigencia de un orden justo?.
A la
vigencia de un orden justo, se suman las obligaciones de garantizar
la seguridad jurídica de los habitantes del País y decidir aunque no
haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, como lo enseña
el Art. 37 del C.P.C.
En
términos generales, la ley manda, prohíbe, permite o castiga, y de
su correcta observación por los asociados y de su justa aplicación
por parte del operador de justicia, dependerá que la sociedad tenga
asegurada una sana y pacífica convivencia. Cuando los asociados
obran en justicia y de acuerdo con el espíritu del derecho, la
intervención del juez se reduce a su mínima expresión, por el
menguado número de pleitos que se pondrán a su consideración.

El
derecho, como barrera moral que disuade la conducta dañina, como
ruta que señala el camino del obrar justo o como correctivo cuando
se ha cometido una injusticia, debe generar respeto y confianza
entre los asociados, quienes verán en la decisión judicial o
administrativa el verdadero espíritu de la justicia y, en su
mayoría, asumirán con agrado la recompensa otorgada o la sanción
impuesta.
Y
cuando no hay ley aplicable, será la inteligencia y sabiduría
salomónica del juez la que deba resolver el caso, teniendo en
cuenta, en últimas, los principios generales del derecho, como lo
ordena el Art. 230 de la Constitución.
Y
esta obligación del Juez de decidir o resolver o encontrar una
solución para el caso que le planteen, es la que le permitirá
desatar relaciones jurídicas que de otra manera pueden aparecer
irredimibles y de sobrevivencia infinita.

Concepto de prescripción.-
El
término prescripción viene del latín praescriptio que es la
?Parte extraordinaria de la fórmula procesal que se inserta en la
fórmula, y que consiste en una especie de aviso al juez con
objeto de limitar o concretar lo que se pide en el litigio o
juicio.?2
También tiene relación con praescriptum, que en palabras de
Horacio, en una de sus acepciones significa dentro de los límites
trazados.3
Es forma sustantiva del verbo prescribir que viene del latín prae:
antes y scribere: escribir, que manifiesta la idea de
preceptuar, establecer, caducar.4
De lo
anterior se tiene que, por la prescripción se pone límite o se fija
el término de caducidad de un proceso o de una obligación. Por esta
razón se le denominó exceptio temporis, lo que da la idea de
que la obligación se extingue por el paso del tiempo.
En el
Derecho Romano ?la prescripción es una institución jurídica por la
cual toda acción, es decir, todo derecho, reducido al puro momento
de la acción, después de un determinado lapso de tiempo puede ser
extinguido mediante excepción. La acción civil era en los orígenes
perpetua; solo la acción pretoria era limitada en el tiempo; de
ordinario al año útil.?5
De lo anterior se deduce que, en principio, la prescripción fue una
institución de derecho procesal que tenía por objeto poner límite al
inicio de la demanda con la consecuencia de extinguir el derecho
sustancial si se trataba de obligaciones, o de impedir la acción
reivindicatoria para recuperar el bien objeto del derecho real, si
se trataba de la prescripción adquisitiva o usucapión.
El
Art. 2512 del Código Civil Colombiano enseña que ?La prescripción es
un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones
o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse
ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo,
y concurriendo los demás requisitos legales. Se prescribe una acción
o derecho cuando se extingue por la prescripción.?

Justificación de la prescripción.-
El
Profesor Guillermo Ospina Fernández enseña: ?Si el acreedor en cuyo
favor se le impone al deudor la necesidad de realizar una prestación
de dar, hacer o no hacer algo, deja de exigirla por largo tiempo, es
de presumir que el servicio que se le debe no le interesa y,
entonces, su derecho pierde la razón de ser.?6

Es
principio de derecho que las relaciones jurídicas inciertas no
pueden ser vitalicias y menos infinitas. Nada más atentatorio de la
seguridad jurídica que la incertidumbre indefinida. Esta es una de
las razones por las cuales se aceptó la presunción de muerte de las
personas, pues de la cotidianidad se aprendió que todos los seres
vivos tienen un límite temporal y, al final, la muerte es el destino
irremediable de quienes brotan a la vida. La eternidad no es una
virtud de la naturaleza biológica de los seres terrenales. En cambio
si lo es la finitud y, establecida por observación de los
acontecimientos que rodean la desaparición de una persona, se
predica que luego de dos años de no tener noticias de ella,
habiéndose hecho la búsqueda pertinente, es sabio aceptar que esté
muerta, con presunción que admite como prueba en contrario su
aparición real y física.
El
académico Dr. Ulises Canosa Suárez, en trabajo que presentó en el
XXVI Congreso Colombiano de Derecho Procesal,7
anota que ?Ni los derechos, cuando no se ejercitan, se sustraen a
los efectos del paso del tiempo. Las obligaciones, cuando no se
reclaman oportunamente, también envejecen y mueren, porque no
tienen una existencia perpetua.? Y luego recuerda al Profesor Giorgi,
quien afirma que un derecho que no se manifiesta, equivale para la
justicia humana, a un derecho que no ha existido: lo cubre el olvido
y lo sepulta el silencio de los años. (Hasta aquí el concepto).
Así
como en la prescripción adquisitiva o usucapión se premia la
diligencia del poseedor y se tiene en cuenta el olvido del
propietario, así en la prescripción extintiva o liberatoria, se
tiene en cuenta el olvido del acreedor, que bien puede asimilarse a
un perdón tácito por lo que, en últimas, la prescripción extintiva
sería una forma de extinguir las obligaciones que semejaría una
remisión o condonación tácita.
Es
verdad de a puño que la prescripción cumple una función social y
depuradora, a la manera de como en los balances de las empresas se
decanta su verdadero patrimonio a través de las llamadas listas de
cartera de dudoso recaudo.
Por
la misma e idéntica razón, así como los individuos mueren, también
se extinguen los derechos cuando los acreedores los dejan morir, por
olvido u abandono. Esta es la principal razón de la prescripción y
la inobjetable necesidad de su existencia.

Prescripción extintiva.-
Para
el caso en estudio se debe precisar el concepto de prescripción
extintiva, es decir aquella por la cual se extingue un derecho ajeno
por no haberse ejercido dicho derecho dentro de cierto tiempo y
concurriendo los demás requisitos legales. Para los fines de esta
respuesta limito los derechos ajenos a los que tienen contenido
estrictamente patrimonial, dejando los demás fuera de los límites de
esta consideración. El profesor Guillermo Ospina Fernández, recuerda
que desde el Derecho Romano esta prescripción se conoce como ?liberatoria,
para concretar el concepto a la extinción de las obligaciones o,
mejor aún, del crédito que constituye el aspecto activo de estas,
produciendo la liberación del deudor.?
Al
tenor del Art. 1625 del C.C. en concordancia con el Art. 822 del
C.Co. la prescripción es un medio de extinguir las obligaciones. Se
trata, entonces, de una institución típica de derecho sustantivo y
no de derecho procesal. Aquél hace referencia a la disolución de la
relación jurídico sustancial y éste a la oportunidad en la que el
medio extintivo se puede hacer valer.
La
afirmación de que la prescripción es una institución de derecho
procesal se debe a una equivocada interpretación de los Arts. 2513
del C.C. y 90 y 306 del C.P.C. que ordenan que la prescripción debe
alegarse y reglamentan cómo se interrumpe. En estricto sentido lo
que estas normas reglamentan es la oportunidad procesal en la que la
prescripción se debe hacer valer. Pero la institución en si, tiene
el efecto de disolver o extinguir el vínculo jurídico, lo que lleva
a la finalización de la relación jurídica sustancial.

¿Cómo opera la prescripción extintiva?.-
La
prescripción extintiva, vinculada a los derechos de contenido
crediticio, opera dentro del siguiente marco legal y exige:

La
existencia de la obligación civil, puesto que las naturales, por
carecer de acción, desde su inicio no puede exigirse su
cumplimiento.

Que
haya transcurrido el término fijado por la ley para la
consolidación de la prescripción, tiempo durante el cual el
acreedor no ha ejercido su derecho.

Que
el término anterior no esté suspendido.

Que
el prescribiente la alegue en la oportunidad y forma establecidas
en la ley.

Cuando no hay término legal fijado para pedir que opere la
prescripción, corresponde fijarlo a la jurisprudencia, para evitar
que la obligación se torne irredimible. Así lo enseña la
sentencia T-1319/05. Magistrado Ponente: Dr. HUMBERTO ANTONIO
SIERRA PORTO, de cuyo texto tomo el siguiente aparte:

?16.-
Al respecto, tal y como se mencionó anteriormente, existe un vacío
legal, puesto que aún estamos a la espera de que el legislador
reglamente la materia, sin embargo, como también se ha puesto de
presente, ha sido esta Corporación la encargada de definir, a través
de la jurisprudencia, el término de caducidad del dato negativo?.
La
caducidad.-
La
caducidad consiste en que la ley establezca determinados plazos para
intentar ciertos procesos.8
Por ejemplo el de impugnación de la paternidad cuando lo ejercita el
padre.
La
caducidad de la acción, la perención del proceso y la prescripción
de las obligaciones son instituciones diferentes, no solo por la
oportunidad y la forma en que deben hacerse valer, sino por los
efectos que generan frente al proceso y a la relación jurídico
sustancial que puede ser objeto del debate judicial.
La
caducidad debe declararse de oficio, no es renunciable, no se
interrumpe, no se requiere certeza sobre la existencia de la
obligación o del derecho que eventualmente sea objeto de reclamación
y en ningún caso tiene una segunda oportunidad para contarse en el
tiempo.
La
caducidad debe estar expresamente contemplada en la ley, puesto que
en últimas es una sanción para el demandante que no es diligente en
la reclamación judicial de su derecho. Esto significa que no se
puede crear por jurisprudencia, ni por analogía.
La
perención.-
En el
inciso 4 del Art. 364 del Código Judicial, Ley 105 de 1931, se
regulaba el primer decreto de la caducidad del juicio por abandono
de éste durante un año. Y por el segundo decreto de caducidad, el
cual se decretaba por la misma inactividad señalada para la primera
sanción, se extinguía la respectiva acción9
(inciso 5). Esta norma no se aplicaba a los juicios ejecutivos.
En
estricto sentido lo que se castigaba era el abandono del juicio, al
no hacer gestión alguna por escrito, el cual debía perdurar por lo
menos por un año en primera instancia, lo que legitimaba al
demandado para solicitar la aplicación de la sanción, porque el Juez
de oficio no podía imponerla.10
El
Art. 346 del Decreto 1400 de 1970, actual Código de Procedimiento
Civil, retomó el Art. 364 del Código Judicial bajo el nombre de
perención del proceso. Estableció que cuando el expediente
permaneciera en la secretaría durante la primera instancia por seis
meses, sin que el demandante promoviera actuación alguna, el juez
decretaría la perención del proceso, a solicitud del demandado. Esta
primera perención ponía fin al proceso y conllevaba a la
imposibilidad de que el demandante lo iniciara de nuevo durante los
dos años siguientes a partir de la notificación del auto que la
decretara. Si por segunda vez entre las mismas partes y en ejercicio
de la misma pretensión se declaraba la perención, se entendía
extinguido el derecho pretendido y se ordenaba la cancelación de los
títulos del demandante si a ello hubiere lugar. Esta norma no se
aplicaba a los procesos ejecutivos, en los que solo se podía pedir
el desembargo de los bienes trabados, los que no se podrían embargar
nuevamente sino pasado un año a partir del decreto del desembargo.
La
ley 794 de 2003, derogó la perención del proceso y en la actualidad,
la inacción de las partes se puede tornar indefinida sin que tenga
ninguna consecuencia procesal, en cuanto a finalización del proceso.
Por razones puramente administrativas, se ordena el archivo del
expediente, pero sin que sufran merma las pretensiones o excepciones
alegadas.

En la actualidad, al tenor del Art. 153
de la Constitución, está en revisión por parte de la H. Corte
Constitucional, el PROYECTO DE LEY No. 286/07 CÁMARA, 023/06 SENADO
?Por la cual se reforma
la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia?,
que en su artículo 25, dispone:

?Adicionase el Artículo 209A.

Mientras se expiden las reformas
procesales tendientes a la agilización y descongestión en los
diferentes procesos judiciales, adóptense las siguientes
disposiciones:


Perención en procesos ejecutivos:
En los procesos ejecutivos, si el expediente permanece en la
secretaría durante nueve (9) meses o más por falta de impulso
cuando este corresponda al demandante o por estar pendiente la
notificación del mandamiento de pago a uno o varios ejecutados de
un auto cuando la misma corresponda adelantarla al ejecutante, el
juez de oficio, o a solicitud del ejecutado, ordenará la perención
con la consiguiente devolución de la demanda y de sus anexos y, si
fuera del caso, la cancelación de las medidas cautelares evento en
el cual condenará en costas y perjuicios al ejecutante. El auto
que ordene devolver la demanda es apelable en el efecto
suspensivo, y el que lo deniegue, en el devolutivo;?

Me limito a transcribir el texto
aprobado y respecto de su exequibilidad debe esperarse el
pronunciamiento de la H. Corte. Y en cuanto a los efectos de la
perención, será necesario que la jurisprudencia los precise, ante el
silencio de la ley.11
Las
consecuencias de la derogatoria de la perención son tan graves que
se manifiestan en la inquietud de la persona que promueve esta
consulta y desde el punto de vista económico los bienes trabados
pueden quedarse indefinidamente inactivos, con grave perjuicio para
la economía del país.
A
título informativo señalo que en varios códigos departamentales de
policía y convivencia se consagra y se aplica la perención del
proceso.
Así
por ejemplo, en el Código del departamento del Valle del Cauca, se
lee:

?ARTÍCULO 255:
PERENCIÓN DE LOS PROCESOS POLICIVOS.- Cuando la parte interesada
deja transcurrir diez (10) días hábiles sin hacer ninguna gestión de
las que corresponden para que el negocio continué su curso o no
asista a la práctica de las pruebas por ella solicitadas se
declarará la perención del proceso.

El funcionario al decretar la
perención ordenará archivar el expediente y cancelar su radicación.

Esta providencia no es susceptible de
recurso alguno.

Decretada la
perención del proceso no habrá posibilidad de intentar uno nuevo por
la misma causa?.

Y en el Código del Departamento del
Meta, se consagra la perención en los siguientes términos:


?Artículo 222.- ?

Parágrafo: Perención. El
procedimiento civil de policía es breve y sumario. En consecuencia,
el funcionario del conocimiento decretará la perención del proceso,
de oficio o a solicitud del querellado, cuando el expediente haya
permanecido en la secretaría durante dos meses, sin que el
querellante promueva actuación alguna. El término se contará desde
la última actuación. La perención pone fin al proceso y el auto que
la resuelve es apelable en el efecto suspensivo.?

En un caso que tuve la oportunidad de estudiar
recientemente, el Señor Inspector de Policía de Villavicencio,
comisionado para hacer el lanzamiento por ocupación de hecho, luego
de dos años de dictada por el Señor Alcalde la sentencia que puso
fin al proceso decidió, de oficio, decretar la perención y terminar
el ?proceso?. Considero que la perención solo es posible aplicarla
si no han terminado las instancias, primera o segunda, pero no luego
de ejecutoriado el fallo, cuya exigibilidad está sujeta a un trámite
diferente.

Levantamiento de cautelas por pérdida de la actuación.
El
artículo 88 del Decreto 1778 de 1954, dispone:
"? El registro de embargos, demandas y demás órdenes emanadas de
autoridad, que de alguna manera se refieran a inmuebles, podrán
cancelarse cuando pasados 5 años a partir de la inscripción, no se
halle la actuación en que tales disposiciones se dictaron. Dicha
cancelación se ordenará por el funcionario que la haya decretado,
previo emplazamiento por 30 días que se publicará en uno de los
periódicos del lugar o en el diario oficial?"
Esta
norma es de gran utilidad, a falta de las necesarias que deben
dictarse para regular la perención en todos los procesos, entre los
que necesariamente debe estar el de pago, impropiamente llamado
ejecutivo, lo cual afirmo por la connotación violenta que en nuestro
medio tiene el verbo ejecutar, que en varias regiones de Colombia es
lo mismo que condenar a muerte a una persona.
La
sentencia ?no hay obligaciones irredimibles? es un principio general
de derecho.-
?En
el derecho bizantino, y debido a una constitución del emperador
Teodosio II, se determinó que, salvo casos especiales en que se
establezca otro plazo, todas las acciones fenecen si
no se las ejercita en el plazo de treinta años. (Praescriptio
triginta annorum)?12

Al
consagrar que todas las acciones fenecen, se
estableció un principio general de derecho que lleva a la conclusión
de que no hay obligaciones irredimibles o, por mejor decir,
inmortales. Aceptar la inmortalidad de la acciones y de las
obligaciones, es una concepción manifiestamente contra evidente, que
repugna a los más elementales principios de las normas jurídicas.
En el
Art. 37 de la Constitución Política de 1886, se estableció que, ?No
habrá en Colombia bienes raíces que no sean de libre enajenación, ni
obligaciones irredimibles?. Esta norma fue modificada por el Art. 34
del Acto Legislativo de 1936 (Art. 50 de la Constitución) que
autorizó establecer por ley el patrimonio familiar inalienable e
inembargable.
La
Constitución de 1991, vigente en la actualidad no retomó el
principio de la finitud de las obligaciones, pero consagró
principios tales como el de la dignidad y respeto en el trabajo, la
prohibición de toda forma de esclavitud y de servidumbre, la
garantía de la propiedad privada, la función social de la propiedad,
el deber del Estado de promover el acceso progresivo de la propiedad
de la tierra a los trabajadores agrarios, el sometimiento de los
jueces al imperio de la ley y el reconocimiento de la equidad y de
los principios generales del derecho como criterios auxiliares de la
actividad judicial.

Superadas las controversias sobre la naturaleza de los principios
generales del derecho, se acepta que tanto en el derecho natural
como en el derecho positivo, mientras no se hallen en disonancia con
el sistema legal vigente, pueden ser aplicados para llenar las
lagunas y vacíos de la ley.13
Esos principios tienen estrecha relación con el concepto de equidad,
de equilibrio proporcionado de las relaciones jurídicas, que
permiten rechazar todo vínculo jurídico que sea contrario a la
justicia y que cause perjuicio injusto al individuo.

Varios principios generales del derecho han sido retomados por la
ley positiva, como por ejemplo, el de la igualdad, el del debido
proceso, el de que no hay delito sin ley, o no hay pena sin ley, el
de la buena fe, el del abuso del derecho, el del enriquecimiento sin
causa.
Otros
principios no están recogidos por la ley, como los que se van
imponiendo por la costumbre mercantil o simplemente hacen parte de
las legislaciones especiales reconocidas por la Constitución y que,
aunque hacen parte de la ley interna de los países, no han sido
dictados por el legislador o quien haga sus veces.

Considero que el concepto de finitud de las obligaciones
patrimoniales, académicamente entendido como negación del concepto
de obligaciones irredimibles y en el sentimiento popular con un gran
toque poético, con la expresión: ?nada es eterno en el mundo?,
debe formar parte de los principios generales del derecho, no solo
por la necesidad imperativa de poner fin a las relaciones jurídicas
inciertas, sino porque en la mayoría de las naciones civilizadas
está consagrado en su legislación positiva.

La premisa de no existir obligaciones
patrimoniales irredimibles, es uno de los elementos de la seguridad
en las relaciones jurídicas de los asociados, pues no se entiende
que, las obligaciones de cumplir la Constitución y las leyes, de
respetar los derechos ajenos y de no abusar de los propios,
consagrados en la Constitución Nacional, terminen con la muerte de
la persona, y que una obligación de pagar una determinada suma de
dinero, pueda permanecer por generaciones y generaciones con la
opción, para el acreedor, de cobrar intereses de mora, porque al
final haría que la tercera o cuarta generación en la sucesión de la
obligación, estuviese económicamente incapacitada para pagarla, así
tuviese un capital muy significativo frente a las demás personas de
su comunidad.

Por esta razón es de elemental entendimiento que
las obligaciones patrimoniales deben tener el carácter de redimibles
y deben extinguirse, en últimas, por el transcurso del tiempo y la
inactividad del acreedor, que no es otra cosa que el abandono del
derecho a hacer efectiva la obligación, lo que tácitamente conlleva
una remisión o perdón de la misma y que el Juez esta en la
obligación de reconocer, en el caso de que se haya iniciado proceso,
como acción en una actuación judicial iniciada con el específico fin
de que se declare extinguida la obligación por haber llegado al
límite máximo de su existencia que es precisamente el fijado por la
institución de la prescripción.

El Académico Dr. ALBERTO CABRERA GUTIÉRREZ en su
trabajo ?Breve Ensayo Jurídico sobre las Obligaciones Irredimibles14?,
publicado en el mes de marzo de 1987, hace referencia a que en
Colombia no puede haber ninguna forma de subyugación porque los Arts.
22, 34 y 37 de la Constitución de 1886, prohibían la esclavitud, la
pena de confiscación y las obligaciones irredimibles. Dice el
académico CABRERA: ?Obligaciones irredimibles no son solamente
aquellas que se estipulan en la carga insoportable desde la
formación del contrato, sino aquellas en que por falta de
señalamiento del término en que deben cumplirse las recíprocas
obligaciones, van convirtiendo a uno de los contratantes en perpetuo
tributario del otro, como si pudieran renovarse esas épocas
superadas de la servidumbre.?

Si bien el Art. 37 de la Carta de 1886, que
disponía que no había en Colombia bienes irredimibles, fue derogado
por la Constitución de 1991, no es menos cierto que el mandato
permanece como principio general de derecho, según las razones que
se exponen en éste trabajo.

Del artículo ?Cuestión señorial y
arbitrismo en la España del trienio liberal: Observaciones sobre un
proyecto de ley de Manuel María Cambronero (1765 - 1834)? de
José Antonio López Nevot, Universidad de Granada, España,
publicado en Internet, tomo el siguiente párrafo:

?En el artículo se estudia la
problemática del régimen señorial en la España del Trienio Liberal,
a través de un proyecto de ley interpretativa del Decreto
abolicionista de las Cortes de Cádiz de 6 de agosto de 1811,
publicado en 1821 por un jurista anónimo, aunque todo parece indicar
que se trata de Manuel María Cambronero (1765 - 1834). En el citado
proyecto de ley, si bien Cambronero propone la abolición de todos
los servicios y prestaciones personales, ya tuvieran por origen la
jurisdicción señorial, ya cualquier otro, aunque fuese el contrato,
por otra parte declara protegidos los señoríos solariegos y
territoriales, favoreciendo así los intereses de los antiguos
señores?.
Luego
de varios comentarios, el autor señala: ?Y es que para nuestro
jurisconsulto, (Cambronero) "toda prestación personal
perpetua" es una servidumbre incompatible con el sistema
constitucional. (Se refiere al español).
Me
permito observar que obligación personal perpetua, es lo mismo que
obligación irredimible.
Por
último, anoto que el Académico Honorario Dr. Fernando Hinestrosa
Forero, en armonía con las palabras de los hermanos Mazeaud,
recuerda que ?En materia de obligaciones, la regla, que se puede
afirmar no tiene excepciones, es la de que los créditos y las
acciones crediticias, tanto la ejecutiva, como la de conocimiento,
son prescriptibles?15,
con lo que se reafirma la tesis de que la sentencia ?no hay
obligaciones irredimibles? es un principio general de derecho.

Interrupción de la prescripción extintiva y comienzo de un nuevo
término.-
El
término de la prescripción se puede suspender o interrumpir. Para el
caso en estudio solo me referiré a la interrupción.
El
Art. 2539 del C.C. reza: ?La prescripción que extingue las acciones
ajenas, puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente. Se
interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la
obligación, ya expresa, ya tácitamente. Se interrumpe civilmente por
la demanda judicial, salvo los casos enumerados en el Art. 2524?.
El
Art. 2524 del C.C. fue derogado por el Dto. 1400 de 1970 y para la
correcta interpretación del Art. 2539 es necesario remitirse a los
Arts. 90 y 91 del C.P.C. cuyos textos en la actualidad son los
siguientes, según la redacción de la ley 794 de 2003:

"Artículo 90. Interrupción de la
prescripción, inoperancia de la caducidad y constitución en mora.
La presentación de la demanda interrumpe el término para la
prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el
auto admisorio de aquélla, o el de mandamiento ejecutivo, en su
caso, se notifique al demandado dentro del término de un (1) año
contado a partir del día siguiente a la notificación al demandante
de tales providencias, por estado o personalmente. Pasado este
término, los mencionados efectos sólo se producirán con la
notificación al demandado. 

La notificación del auto admisorio de la
demanda en procesos contenciosos de conocimiento produce el efecto
del requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando
la ley lo exija para tal fin, si no se hubiere efectuado antes.

Si fueren varios los demandados y
existiere entre ellos litisconsorcio facultativo, los efectos de la
notificación a los que se refiere este artículo, se surtirán para
cada uno separadamente, salvo norma sustancial o procesal en
contrario. Si el litisconsorcio fuere necesario será indispensable
la notificación a todos ellos para que se surtan dichos efectos."

 "Artículo 91.- Ineficacia de la
interrupción y operancia de la caducidad. No se considerará
interrumpida la prescripción y operará la caducidad, en los
siguientes casos: 

1. Cuando el demandante desista de la
demanda?.
De
las normas transcritas se concluye que la prescripción se interrumpe
con la presentación de la demanda, siempre y cuando se notifique, al
demandado o demandados en litisconsorcio necesario, el auto que
admite la demanda o el mandamiento de pago, que es el admisorio en
el proceso de pago, conocido como ejecutivo, dentro del término de
un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación al
demandante de tales providencias, por estado o personalmente. Si
pasa el año, la prescripción se interrumpe en la fecha en la que se
notifique el auto que admite la demanda o el auto que manda pagar.
Como
en la actualidad ?en algunos casos-, es obligatoria la conciliación
previa como requisito de procedibilidad, es necesario establecer las
consecuencias de éste trámite que hace parte integral del proceso y
que debe tener alguna consecuencia respecto de la interrupción de la
prescripción como lo anotaré adelante.

Interrumpida la prescripción, debe tenerse en cuenta lo que disponen
los Arts. 2536 y 2544 del C.C. cuyos textos, según la ley 791 de
2002, son los siguientes:

?El artículo 2536. La acción ejecutiva
se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10).

La acción ejecutiva se convierte en
ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria
durará solamente otros cinco (5).

Una vez interrumpida o
renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el
respectivo término?.

?Artículo 2544. Las prescripciones
mencionadas en los dos artículos anteriores, no admiten suspensión
alguna.

Interrúmpense:

1°. Desde que el deudor reconoce la
obligación, expresamente o por conducta concluyente.

2°. Desde que interviene requerimiento.

En ambos casos se volverá a contar el
mismo término de prescripción?.
Por
su parte el Art. 789 del C.Co. dispone que la acción cambiaria
directa prescribe en tres años a partir del día del vencimiento. Y
el Art. 882 ídem reza: ?Si el acreedor deja caducar o prescribir el
instrumento, la obligación originaria o fundamental se
extinguirá así mismo; no obstante tendrá acción contra quien
se haya enriquecido sin causa a consecuencia de la caducidad o
prescripción. Esta acción prescribirá en un año?.

Requisito sine qua non, para que se pueda
adelantar la acción de pago (Proceso ejecutivo) es la existencia de
un título ejecutivo, entre los que se cuentan los títulos valores. Y
requisito para adelantar la acción ordinaria para la declaración del
eventual enriquecimiento sin causa, es que no se haya ejercido la
acción ejecutiva durante el término de prescripción, o que
habiéndola ejercido haya prosperado la excepción de prescripción.

Respecto del deudor, cuando sea necesaria la
cancelación del título, por ejemplo una hipoteca o una prenda, o la
terminación de un proceso y el levantamiento de medidas cautelares
que se hayan inscrito, es requisito que se haya declarado
judicialmente la prescripción, puesto que esta forma de extinguir
las obligaciones no opera ipso iure, sino ope exceptionis.

Debe quedar claro, meridianamente claro, que una
vez se haya reconocido la prescripción, la obligación que se
pretendía cobrar en el proceso se extingue o termina y se torna en
natural, al tenor de los Arts. 152716
y 1625 del C.C. en concordancia con el Art. 882 del C.Co.

Y también debe quedar claro que, para la
prosperidad de la acción ordinaria, no basta con presentar la prueba
de la prescripción. Es necesario probar el enriquecimiento sin causa
a consecuencia de la prescripción. Si no se prueba el
enriquecimiento, la pretensión estará llamada al fracaso.
De
las normas transcritas se concluye, sin discusión de ninguna clase
que interrumpida la prescripción por la presentación de la demanda o
por la notificación del auto que la admite, según el caso, de manera
imperativa se vuelve a contar el mismo término de prescripción.
Para
entender mejor la compleja problemática que es objeto de estudio me
permito proponer la siguiente hipótesis:
En un
proceso de pago, (ejecutivo) en el que se pretende el abono de una
suma de dinero debida por cánones de arrendamiento, sin que medie
título valor, se presenta la demanda el 15 de enero de 2007 y el
mandamiento de pago se notifica el 18 de mayo de 2007, se tiene que
la prescripción se interrumpió civilmente desde el 15 de enero de
2007, y por fuerza del Art. 2536, a partir del 16 de enero de 2007
se comienza a contar un nuevo término por cinco años. ¿Cómo se
interrumpe este nuevo término, si la ley es imperativa al disponer
que solo se interrumpe con la notificación del auto que admite la
demanda y no habrá durante el proceso un nuevo auto de esta
naturaleza?. ¿Qué pasará si el proceso no se ha terminado el 15 de
enero de 2012, fecha en la que se cumpliría un nuevo término de
cinco años para la acción ejecutiva? Las respuestas aflorarán luego
del análisis de la forma como opera la prescripción en otras ramas
del derecho.

Interrupción de la prescripción en las diferentes ramas del
derecho.-
En
el derecho penal.-
En
esta etapa de transición entre el proceso escrito y el proceso oral
se pueden presentar situaciones particulares cuyo estudio ocuparía
buena parte de esta respuesta. Por esta razón me limito a las
generalidades de la prescripción.
Es
necesario distinguir entre la prescripción de la acción penal y la
prescripción de la sanción penal.

Prescripción de la acción penal.-

ARTÍCULO 83 del C.P.- ?Término de
prescripción de la acción penal. La acción penal prescribirá en
un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere
privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco
(5) años, ni excederá de veinte (20), salvo lo dispuesto en el
inciso siguiente de este Artículo?.

El término de prescripción para
las conductas punibles de genocidio, desaparición forzada, tortura y
desplazamiento forzado, será de treinta (30) años.17

ARTÍCULO 84 del C.P. -
Iniciación del término de prescripción de la acción. En las
conductas punibles de ejecución instantánea el término de
prescripción de la acción comenzará a correr desde el día de su
consumación.

En las conductas punibles de
ejecución permanente o en las que solo alcancen el grado de
tentativa, el término comenzará a correr desde la perpetración del
último acto18.

ARTÍCULO 86 del C.P.-
Interrupción y suspensión del término prescriptivo de la acción. La
prescripción de la acción penal se interrumpe con la formulación de
la imputación.

Producida la interrupción del término
prescriptivo, éste comenzará a correr de nuevo por un tiempo igual a
la mitad del señalado en el Artículo 83. En este evento el término
no podrá ser inferior a cinco (5) años, ni superior a diez (10).
Si
iniciado el proceso no se formula la imputación, el proceso debe
terminarse por prescripción y no hay lugar a reabrir la
investigación.

Prescripción de la sanción penal

Art. 89 del C.P.- La pena privativa de
la libertad prescribe en el término fijado para ella en la sentencia
o en el que falte por ejecutar, pero en ningún caso podrá ser
inferior a cinco años.

La
pena no privativa de la libertad prescribe en cinco años.
Cuando
se trata de multa, el término prescriptivo se interrumpirá con la
decisión mediante la cual se inicia el procedimiento de ejecución
coactiva de la multa. (Art. 41 C.P.)
En este
caso, se comienza a contar un nuevo término de prescripción para la
multa y si transcurren cinco años, sin haberse hecho efectivo el
pago, la sanción de multa prescribe y no hay lugar a seguir con el
proceso de ejecución coactiva. Si no prescribiera, la multa se
convertiría en una obligación irredimible.
Es
importante recordar que todas las acciones y sanciones penales,
incluida la multa, se extinguen por la muerte del procesado o
condenado.

Finalmente es necesario preguntar: ¿Si en el proceso penal se
extingue por prescripción, la deuda social con la sociedad y las
personas, más importante que cualquier deuda patrimonial, por qué no
tendrían prescripción las obligaciones civiles en el proceso civil?.
En
el derecho laboral.-
La
prescripción de derechos laborales está regida por las siguientes
normas:
a) Las
generales del Código Civil Colombiano. (Artículos 1625, 2512 y
2513.)
b) El
artículo 151 del C. P. L. que reza: ? Prescripción.- Las acciones
que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres (3) años, que
se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho
exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el
patrono, sobre un derecho o prestación debidamente determinado,
interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual ?.
En
el mismo sentido el Artículo 41 del Decreto 3135 de 1969 y el Art.
102 del Decreto 1848 de 1969.19

Respecto
de la prescripción una vez esté en curso el proceso se debe aplicar
lo que sea pertinente conforme a las normas y jurisprudencia de la
ley procesal civil.

Prescripción de las obligaciones fiscales.-
Para
responder a este aspecto me remito íntegramente al trabajo que
presentó el Académico Dr. Juan Rafael Bravo Arteaga20
y de cuyo texto tomo los siguientes párrafos:

?La consulta formulada es del
siguiente tenor:

¿La prescripción de la acción de
cobro en un proceso administrativo de cobro coactivo opera o tiene
efecto cuando ya se haya efectuado en debida forma la notificación
de la resolución ordenando la ejecución, existiendo bienes
embargados o secuestrados para su ejecución?

Conforme al artículo 817 del E.T. la
acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en el término
de cinco años, contados a partir de: la presentación de la
declaración de renta oportunamente; la presentación extemporánea de
la declaración, o la corrección de la declaración, según el caso. En
el evento de que se haya producido acto administrativo de
determinación del impuesto, el término se cuenta a partir de la
ejecutoria del acto de liquidación o de la resolución que falla el
recurso administrativo.

Conforme al artículo 818 del E.T.,
la prescripción se interrumpe, entre otras causas legales, por la
notificación del mandamiento de pago en el proceso de cobro
coactivo del tributo. Advierte el mismo artículo, en forma que no
deja duda al respecto, que ?interrumpida la prescripción en la
forma aquí prevista, el término empezará a correr de nuevo desde el
día siguiente a la notificación del mandamiento de pago?.

Posiblemente, la duda especial de la
persona que consulta proviene de la diferencia entre la regulación
que consagraba el C.C. y lo que establece el C.de P.C. sobre el tema
de la interrupción de la prescripción y la normatividad expresada
por el artículo 818 del E.T. que queda expuesta.

Con respecto al derogado artículo
2524 del C.C. se observa que fue materia de discusión entre los
comentaristas, si la interrupción de la prescripción por causa
judicial subsistía durante el correspondiente juicio o si solamente
suprimía el tiempo anterior a la iniciación del proceso
correspondiente. La solución a la que llegaron la mayoría de los
civilistas fue la de que la interrupción se prolongaba durante todo
el tiempo del juicio respectivo, pues sería contrario a la equidad
natural, que por la demora de los jueces y magistrados en el fallo
de los procesos pudiera resultar perjudicado el demandado, si la
prescripción comenzara a contarse de nuevo después de iniciado el
proceso. También se afirmaba que la interrupción de la prescripción
era condicionada, de manera que si el juicio correspondiente no
prosperaba para el demandante, se entendía que había habido
interrupción de la prescripción21.

El Código de Procedimiento Civil de
1970, que derogó expresamente el artículo 2524 del C.C., es muy
claro en el artículo 91 al establecer que, una vez iniciado el
proceso, la prescripción no se considerará interrumpida, cuando:

a) El demandante desista de la
demanda;

b) Prosperen las excepciones
consagradas en el numeral 7º del artículo 99 del C de P.C.22;

c) Se produzca sentencia absolutoria,
o

d) Se declare la nulidad del juicio
que afecte la notificación del auto admisorio de la demanda.

El artículo 818 del E.T. proviene del
artículo 107 del Decreto Extraordinario 2503 de 1987.

De acuerdo con éstas normas
especiales consagradas en el E,T. para el proceso de cobro coactivo
de los tributos, interrumpida la prescripción por notificación del
mandamiento de pago, desde el día siguiente de dicha notificación se
reanuda el término de prescripción de la obligación tributaria.

Si, a pesar de haber operado la
prescripción, se llega al remate de los bienes embargados en el
proceso ejecutivo, es posible pedir a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales la devolución por pago de lo no debido, conforme
al inciso 2º del artículo 850 del E.T., previa declaración del
Administrador de Impuestos en el sentido de que ha operado la
extinción de la obligación tributaria por prescripción.

En conclusión, se puede decir que,
transcurridos cinco años después de la notificación del mandamiento
de pago, sea que haya bienes embargados o no, tiene operancia la
prescripción de la obligación tributaria y que, como consecuencia de
ello, puede pedirse la terminación del proceso coactivo o la
devolución del pago de lo no debido?.

Reanudación del término de prescripción cuando la interrupción es
por notificación de la demanda. -

Oportunidades para alegar la prescripción.-
La ley
791 de 2002, artículo 2°, dispuso: Agréguese un inciso segundo al
artículo 2513 del Código Civil, del siguiente tenor:
?La
prescripción tanto la adquisitiva como la extintiva, podrá invocarse
por vía de acción o por vía de excepción, por el propio
prescribiente, o por sus acreedores o cualquiera otra persona que
tenga interés en que sea declarada, inclusive habiendo aquel
renunciado a ella?.
En
1994, la H. Corte Suprema de Justicia decidió que la prescripción
extintiva debe proponerse como excepción, no como acción. Dijo la
Corte: ?Es evidente, entonces, que si el transcurso de un lapso
determinado de tiempo implica la prescripción del derecho que se
ejerce mediante una acción judicial, ese fenómeno debe alegarse por
el demandado por vía de prescripción, porque el fundamento racional
de la prescripción liberatoria es de alguna manera análoga al de la
adquisitiva,..23

Esta
jurisprudencia de la H. Corte Suprema, a partir de la vigencia de la
ley 791 de 2002, queda sin aplicación, porque expresamente el Art.
2513 autoriza la invocación de la prescripción extintiva por vía de
acción.

Reanudación de los términos de prescripción.-
Es
evidente que conforme a los Arts. 90 y 91 del C.P.C. la prescripción
se interrumpe con la notificación de la demanda, con efectos desde
la presentación de la misma o de la notificación del auto que la
admite, según el caso, y conforme al imperativo del Art. 2536 del
C.C., según la redacción de la ley 791 citada, ?Una vez interrumpida
o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el
respectivo término?.
El
Académico Dr. Ulises Canosa Suarez, en el trabajo citado24
afirma que hoy no existe una norma que sancione la inactividad del
demandante en el impulso del proceso ejecutivo y que considera que
la solución sería revivir la perención del proceso, porque con la
regulación actual, si no se alegó la prescripción en la oportunidad
para presentar excepciones, después no hay posibilidad de alegarla.
A
renglón seguido afirma, con rigor jurídico que ?esta es una
dificultad meramente procesal, que no debe obstaculizar por completo
la aplicación de la norma sustancial que dispone el inicio de un
nuevo plazo prescriptivo en contra del acreedor negligente que, sin
justificación, abandona el proceso por un lapso igual al de la
prescripción inicial?? advirtiendo, claro está, que mientras el
demandante esté impulsando el proceso o se encuentre pendiente una
actuación del juez no debe correr la prescripción extintiva, porque
los actos procesales del demandante mantienen vigente su derecho y
la demora en el servicio de justicia no debe perjudicar al actor, ni
beneficiar injustamente el deudor.
Y como
solución no descarta al posibilidad que el deudor, en estas
condiciones, mediante proceso ordinario, busque una solución, más
cuando conforme a la ley 791 de 2002, la prescripción se puede
alegar también como acción, aunque lo ideal es que el tema se
considere en una futura reforma, en beneficio de la certeza y
seguridad jurídica que reclama la sociedad.

Siguiendo las orientaciones doctrinarias que he reseñado, me permito
fijar las siguientes premisas:

Para
cada caso en particular hay que tener en cuenta el término de
prescripción que fija la ley, pues no es uniforme para todos los
eventos.

Es
jurídicamente indiscutible que una vez interrumpida la
prescripción por la notificación de la demanda, desde el día
siguiente a la interrupción se comienza a contar un nuevo término
que fatalmente llevaría, cumplido objetivamente el tiempo, a la
declaración de la prescripción con el efecto definitivo de la
extinción de la obligación.

Si el
demandado no propone excepciones de mérito frente a la existencia
de la obligación, estando activo el proceso, ha de entenderse que
el deudor día a día está reconociendo la deuda y por lo tanto
interrumpiendo la prescripción. En este caso el término fatal de
prescripción solo se contará a partir de la inactividad definitiva
del proceso, la cual algún día llegará.

Si el
demandado propone excepciones de mérito y se opone a reconocer
parcialmente la existencia de la obligación por la razón que sea,
y, antes de dictarse sentencia que ordene seguir adelante la
ejecución, corre el tiempo hasta cumplirse un nuevo término de
prescripción, hay lugar a que se declare la prescripción respecto
de la parte de la obligación a que se opuso.

Si el
demandado propone excepciones de mérito y se opone a reconocer la
existencia de la obligación por la razón que sea, y, antes de
dictarse sentencia que ordene seguir adelante la ejecución, corre
el tiempo hasta cumplirse un nuevo término de prescripción, hay
lugar a que se declare la prescripción.

Si el
demandado propone excepciones de mérito, y se inactiva el proceso
y corre el tiempo hasta cumplirse un nuevo término de
prescripción, hay lugar a que se declare la prescripción.

Si se
dicta sentencia que ordena seguir adelante la ejecución y luego se
inactiva el proceso y corre el tiempo hasta cumplirse un nuevo
término de prescripción, hay lugar a que se declare la
prescripción.

¿Cómo se alega el nuevo término de
prescripción?.-
En
principio y siguiendo las rutas marcadas por el derecho procesal
penal y las normas de prescripción de las obligaciones tributarias,
sería posible alegarla y reconocerla en el mismo proceso, no como
excepción, sino como el cumplimiento de un hecho que, por norma
sustantiva, extingue la obligación. La prueba es objetiva y el juez
debe limitarse a comprobar el paso del tiempo o la inactividad del
proceso.
Pero si
algún temor tuviera la jurisprudencia para aceptar esta tesis, no
hay la menor duda de que es procedente la declaración de la
prescripción mediante proceso ordinario, en el que la única prueba
sería la copia del proceso en el que debe operar la prescripción
para comprobar el transcurso del tiempo.
Conforme
a la actual legislación es necesario, en algunos casos, la
conciliación previa como requisito de procedibilidad y entonces, la
presentación de la solicitud de conciliación debe tener alguna
consecuencia frente a la interrupción de la prescripción, puesto que
en estricto sentido, la conciliación es el primer apéndice del
proceso y hace parte integrante de él.

Entonces, es importante precisar que el Art. 90 del C.P.C. debe
interpretarse hoy de tal manera que la interrupción de la
prescripción se da desde la presentación de la solicitud de
conciliación obligatoria, bajo el entendido que la audiencia de
conciliación se lleve a cabo, siempre y cuando la demanda se
presente y se notifique dentro del término de un año contado a
partir del día siguiente a la celebración de la audiencia de
conciliación.

IV
Conclusiones.-
Me permito presentar
las siguientes:

El término de
prescripción extintiva o liberatoria está consagrado por la ley
para cada caso en particular.

Durante el proceso,
inexorablemente corre un nuevo término de prescripción, cuya
contabilidad se hará según el comportamiento del deudor en cuanto
reconozca la deuda y del acreedor en cuanto permita la inactividad
del proceso.

Una vez cumplido el
término de prescripción se puede alegar y debe reconocerse en el
mismo proceso.

Si esta solución no
es aceptada por la jurisprudencia, queda la opción indiscutible de
recurrir al proceso ordinario para que se declare la prescripción.


Durante el trámite
del proceso ordinario en el que se pretende la declaración de
prescripción deberá suspenderse el proceso de pago (ejecutivo)
pues estaría pendiente la resolución de una cuestión prejudicial,
al tenor del Art. 170 del C.P.C.
V
Respuesta a los
interrogantes:
1.) Por razón de la
existencia de la sentencia que ordena llevar adelante la ejecución,
¿El respectivo título ejecutivo se torna imprescriptible?.

R = No se torna imprescriptible. Si se
cumple un nuevo término de prescripción, estando el proceso
inactivo, es posible alegar la prescripción en el mismo proceso y de
no aceptar esta solución la jurisprudencia, deberá hacerse en
proceso ordinario declarativo.
2.) La sentencia que
ordena llevar adelante la ejecución, ¿es igualmente imprescriptible,
es decir, conserva a perpetuidad sus efectos?.
R = La ley no
establece términos de prescripción para las providencias judiciales.
La prescripción se predica respecto de las obligaciones que declaran
o reconocen las decisiones de los jueces.
Del
Señor Presidente con mis sentimientos de consideración y respeto,

Carlos Fradique-Méndez
Académico de número_________________________________________



1 FRADIQUE-MÉNDEZ, Carlos. Adagios y
Términos Jurídicos Latinos. Edit. Gustavo Ibañez. Bogotá, 1998. En
este libro hago distinción entre el juez institución y el juez
personal. El primero se refiere, por ejemplo, al juez civil del
circuito y el segundo al juez primero civil del circuito. La
jurisprudencia debe ser aplicaba de manera uniforme por todos los
jueces civiles del circuito, para que no se entienda como la
interpretación individual o caprichosa de una persona, que
ocasionalmente se desempeña como operador judicial.




2 GARCIA GARRIDO, Manuel Jesús. Diccionario
de Jurisprudencia Romana, Dykinson, 2 edic, Madrid, 1986.



3 DICCIONARIO LATINO- ESPAÑOL. Sopena, 1984.



4 CORRIPIO, Fernando. Diccionario
etimológico general de la lengua castellana, Bruguera, Edic
Especial, 1979.




5 BONFANTE, Pedro. Instituciones de Derecho
Romano, 5 Edic. Instituto editorial Reus, Madrid, 1979.





6 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo. Régimen
general de las obligaciones, Temis, Bogotá, 1987.




7 XXVI CONGRESO Colombiano de Derecho
Procesal. Memorias. Universidad Libre, Bogotá. 2005



8 MORALES MOLINA, Hernando. Curso de
derecho procesal civil, Editorial ABC, Bogotá. 1973



9 PÉREZ VIVES, Álvaro. Teoría General de
las Obligaciones, V. 3, Temis, 1955, Bogotá.




10 RESTREPO BARRIENTOS, Jesús M.
Comentarios al Código Judicial, Tipografía San Antonio, Medellín,
1950.



11 En el periódico AMBITO JURIDICO, del 27
de agosto al 9 de septiembre de 2007, página 12, se informa que
?El Ministerio del Interior y de Justicia presentó un proyecto de
ley que revive la figura de la perención por inactividad en los
procesos civiles. Según la iniciativa, si un expediente permanece
más de seis meses en la secretaría del juzgado, el juez podrá
decretar su perención.? PL 62/07 Cámara




12 DI PIETRO Alfredo, LAPIEZA Ángel. Manual
de Derecho Romano, Depalma. 1985



13 MANS, Jaime. Los Principios Generales
del derecho, Bosch, Barcelona, 1979.



14 CABRERA GUTIÉRREZ, Alberto. Ensayo?Breve
Ensayo Jurídico sobre las Obligaciones Irredimibles?, En:
Revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia No. 280-281.



15 HINESTROSA FORERO, Fernando. ENSAYOS JURIDICOS LIBER
AMICORUM, en homenaje al profesor Carlos Holguín Holguín,
Ediciones Rosaristas, Bogotá, 1996




16 Reza el Art. 1527: Tales son: 2) Las obligaciones civiles
extinguidas por la prescripción. Aclaro que también son naturales
las obligaciones comerciales y laborales extinguidas por
prescripción.




17 Continúa el artículo: En las conductas punibles que tengan
señalada pena no privativa de la libertad, la acción penal
prescribirá en cinco (5) años. Para este efecto se tendrán en
cuenta las causales sustanciales modificadoras de la punibilidad.
Al servidor público que en ejercicio de sus funciones, de su cargo
o con ocasión de ellos realice una conducta punible o participe en
ella, el término de prescripción se aumentará en una tercera
parte.
También se aumentará el término de prescripción, en la mitad,
cuando la conducta punible se hubiere iniciado o consumado en el
exterior.
En todo caso, cuando se aumente el término de prescripción, no se
excederá el límite máximo fijado.



18 Continúa el Artículo: En las conductas punibles omisivas el
término comenzará a correr cuando haya cesado el deber de actuar.
Cuando fueren varias las conductas punibles investigadas y
juzgadas en un mismo proceso, el término de prescripción correrá
independientemente para cada una de ellas.



19 Los decretos reglamentan la vinculaciones de los empleados
oficiales.




20 El académico Dr. Juan Rafael Bravo Arteaga, con fecha 26 de
marzo de 2007, dio respuesta a una pregunta relacionada con la
prescripción de la obligación tributaria. Fue aprobada de manera
unánime por la Academia Colombiana de Jurisprudencia y aparece
publicada en la revista No 335.



21 Fernando Vélez, Estudio sobre el Derecho Civil Colombiano,
París, Tomo IX Pág. 344.



22 Falta de jurisdicción; compromiso o
cláusula compromisoria; inexistencia del demandante o del
demandado; incapacidad o indebida representación del demandante o
del demandado; no haberse presentado prueba de la calidad de
heredero, cónyuge, curador de bienes, administrador de comunidad,
albacea y en general de la calidad en que actúa el demandante o se
cite al demandado; pleito pendiente entre las mismas partes y
sobre el mismo asunto; cosa juzgada; transacción, y caducidad de
la acción.



23 CSJ, Cas. Civil, sentencia octubre 10 de 1994, expediente
4355, magistrado ponente Dr. Nicolás Bechara Simancas.



24 XXVI CONGRESO Colombiano de Derecho
Procesal, memorias, Universidad Libre. 2005

 

RESOLUCIÓN


Resolución
No 018 de 2007 (Octubre
8)Por la cual se aprueba la
ponencia con autoridad de la
Academia.


VER OTROS CONCEPTOS