CONSULTA
El
problema jurídico es el siguiente: cuales son los presupuestos y
trámite para aprobar las vigencias futuras excepcionales que expone
la Ley 819 de 2003.

Agradezco su valiosa colaboración

Cordialmente,
Fabio
Navarro
 


RESPUESTA DE LA
ACADEMIA

Bogotá, mayo 18 de 2007

SeñorFABIO NAVARRO MANCILLACiudad


Ref.- Su consulta a la Academia
Colombiana de Jurisprudencia sobre vigencias futuras
extraordinarias.


Señor Navarro,

La normativa presupuestal colombiana
establece dos tipos de vigencias futuras: las ordinarias y las
extraordinarias, cuya diferencia fundamental radica en que mientras
la ejecución de las primeras afecta el presupuesto del año en curso,
las obligaciones amparadas por vigencias futuras extraordinarias no
cuentan con apropiación presupuestal alguna en el año en que son
autorizadas.

Los requisitos establecidos por el
Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional, la ley 819, y sus
reglamentos, para que procedan las vigencias futuras
excepcionales son, a grandes rasgos, los siguientes:


En primer lugar, se requiere que las
obligaciones que se pretende atender con cargo a esas vigencias no
cuenten con apropiación presupuestal en el año de que se trate. De
lo contrario, se estaría ante una vigencia futura ordinaria,
cuyos requisitos y trámite difieren de los de las vigencias
futuras extraordinarias.


En segundo lugar, las obligaciones a
cubrir con las vigencias futuras no deben corresponder a contratos
de empréstito ni a intereses derivados de esos contratos. Lo
anterior debido a que esas operaciones se rigen por la normativa
propia de las operaciones de crédito público y no por las reglas
sobre vigencias futuras1.



En tercer lugar, es necesario tener
presente que el mecanismo de las vigencias futuras es, por
definición, excepcional. Por esta razón, tanto el artículo 3º de
la ley 225 de 1995, en su redacción original, como el artículo 11
de la ley 819 de 2003, establecen que las vigencias futuras
extraordinarias sólo pueden aprobarse para obras de
infraestructura, energía, comunicaciones, aeronáutica, defensa y
seguridad, o para garantías a las concesiones teniendo en cuenta,
en todos los casos, el Marco Fiscal de Mediano Plazo.


Sí se cumplen las anteriores
condiciones, la entidad interesada en acudir a las vigencias
futuras debe solicitar la autorización correspondiente al Consejo
Superior de Política Fiscal (CONFIS). La solicitud de autorización
debe estar acompañada de un concepto técnico-económico favorable
del ente al cual esté adscrito o vinculado el órgano que solicita
las vigencias futuras (vgr. Ministerio de Minas), y de una
proyección de ingresos para los períodos que se afectarán.
Adicionalmente, cuando se trate de proyectos de inversión nacional
debe obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento
Nacional de Planeación y del Ministerio del ramo2.



En principio, las vigencias futuras no
pueden exceder el período de gobierno del Presidente de la
República; sin embargo, en el caso de proyectos de inversión, es
posible solicitar la aprobación de vigencias futuras que excedan
ese período, para lo cual se requiere autorización del CONPES.
Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con el artículo 23, en
concordancia con el artículo 21, del decreto 4730 de 2005, esa
autorización del CONPES requiere del aval previo del CONFIS,
entidad que debe analizar la consistencia de la solicitud con el
Marco de Gasto de Mediano Plazo y el Marco Fiscal de Mediano
Plazo.


Es importante poner de presente que,
según lo dispone el decreto 3629 de 2004, cuando en un proceso de
contratación amparado por vigencias futuras no sea posible
realizar la adjudicación en la misma vigencia fiscal en que se
aprobaron, será necesario solicitar una nueva autorización, aunque
sin repetir el proceso de selección.


Una vez autorizadas las vigencias
futuras, el órgano respectivo deberá informar a la Dirección
General del Presupuesto Nacional, antes del 31 de enero de cada
año, sobre la utilización del cupo de vigencias futuras. En este
punto debe tenerse en cuenta que las vigencias futuras no
utilizadas caducan, sin excepción, el 31 de diciembre del año en
que fueron autorizadas.

Las anteriores consideraciones están
relacionadas, en lo fundamental, con las entidades ejecutoras del
Presupuesto General de la Nación. Para las entidades territoriales
es necesario tener en cuenta, además, lo siguiente:


A nivel territorial la competencia
para impartir la autorización necesaria para comprometer vigencias
futuras está radicada en la Asamblea o Concejo, según el caso,
previa aprobación del Confis territorial o de quien haga sus
veces.


Para los proyectos que involucren
inversión nacional no se requiere concepto previo y favorable del
Ministerio del ramo, ya que para ello basta el concepto del
Departamento Nacional de Planeación.


La Asamblea o Concejo debe abstenerse
de autorizar las vigencias futuras si los proyectos que se
pretende financiar con ellas no hacen parte del Plan de Desarrollo
territorial, o si sumados todos los compromisos que se pretenden
adquirir por esta modalidad, incluyendo sus costos de
administración y mantenimiento, desbordan la capacidad de
endeudamiento de la entidad territorial.


Por regla general, las vigencias
futuras no pueden ir más allá del período de Gobierno, salvo
aquellos casos en que el Consejo de Gobierno previamente los
declara de importancia estratégica. En el mismo sentido, y salvo
lo establecido en el parágrafo transitorio del artículo 12 de la
ley 819, no pueden aprobarse vigencias futuras en el último año de
gobierno del respectivo alcalde o gobernador.

Sin embargo, según la doctrina de la
Dirección de Apoyo Fiscal, reiterada en el documento CONPES 3463,
del 12 de marzo de 20073,
la prohibición de autorizar vigencias futuras y la restricción de
las mismas al período de gobierno, no aplica para las vigencias
futuras extraordinarias sino solo para las ordinarias.



Aunque la ley 819 de 2003 no hace
referencia explícita a las vigencias futuras excepcionales
para las entidades territoriales, la doctrina oficial, entre la
cual cabe destacar el documento CONPES 3463, ha aceptado la
posibilidad de que esas entidades, si sus normas orgánicas de
presupuesto así lo establecen, utilicen las vigencias futuras
excepcionales. Al respecto se dijo en el mencionado documento4:

?3.
Hay dos clases de vigencias futuras: Las Ordinarias y las
Excepcionales. Los artículos 10 y 11 de la ley 819 de 2003
establecen los requisitos bajo los cuales la Nación puede adquirir
obligaciones con cargo al presupuesto de gastos de vigencias futuras
bien sea ordinarias o excepcionales; a su vez el artículo 12
reglamenta las vigencias futuras ordinarias para las entidades
territoriales. Sin embargo, no hay en la ley, mención expresa sobre
las vigencias futuras excepcionales para las entidades
territoriales. No obstante, siguiendo lo establecido en el artículo
109 del decreto 11? de 1996 o estatuto orgánico de presupuesto tas
entidades territoriales al expedir las normas orgánicas de
presupuesto deberán seguir las disposiciones de la Ley Orgánica del
Presupuesto, adatándolas a la organización, normas constitucionales
y condiciones de cada entidad territorial.

Significa lo
anterior que si dentro del estatuto orgánico de presupuesto de la
entidad territorial, se reglamentó la posibilidad de asumir
obligaciones con cargo al presupuesto de gastos de vigencias futuras
en casos excepcionales, estas se pueden adquirir.

[?]

Si las
vigencias futuras excepcionales no están reglamentadas dentro del
estatuto orgánico de presupuesto de la entidad territorial no se
podrían adquirir obligaciones por esta modalidad, de manera que para
optar por este mecanismo habría que, en primera instancia, modificar
el estatuto presupuestal. Una vez modificado se procederá a
solicitar y otorgar la autorización en los términos y condiciones
allí aprobados.?


A nivel territorial, pueden ejecutarse
mediante vigencias futuras extraordinarias obras de
infraestructura en sectores de competencia de la entidad
territorial tales como agua potable y saneamiento básico, así como
aquellas obras o proyectos que correspondan a sectores o programas
para los cuales se permita, en el estatuto orgánico de presupuesto
de la entidad territorial, acudir a este mecanismo, con la
condición de que la no ejecución de las obras o proyectos pueda
causar la parálisis o afectación en la prestación de un servicio
que se deba garantizar por mandato constitucional5.

Como se ve, el requisito fundamental
para acudir a las vigencias futuras extraordinarias es la
obtención de las autorizaciones a que haya lugar, para lo cual
resulta fundamental realizar un análisis detallado del proyecto que
se pretenda acometer con ayuda de esa herramienta presupuestal. La
solicitud de autorización, claro está, debe contener los anexos a
que se hizo referencia arriba, así como toda la información
necesaria para que la entidad encargada de impartir esa autorización
pueda determinar que el proyecto cumple los requisitos necesarios
para las vigencias futuras extraordinarias. A nivel
territorial deben tenerse en cuenta, además, los requisitos
adicionales que estén establecidos en el estatuto presupuestal
respectivo.

Atentamente,

MAURICIO A. PLAZAS VEGA


_________________________________________



1 El artículo 22 del decreto 4730 de 2005
establece que no estarán sometidos a la normativa de las vigencias
futuras ?los contratos de empréstito, la emisión, suscripción y
colocación de títulos de deuda pública, los créditos de
proveedores, las asunciones de deuda pública y las contrapartidas
que se estipulen?.




2 Ley 819, artículo 10º, literal b).
Téngase en cuenta que el mencionado literal b) es diferente al del
artículo 12, ibídem, que se refiere a las vigencias futuras para
las entidades territoriales, y que sólo exige concepto previo y
favorable del Departamento Nacional de Planeación.



3 Este
documento CONPES recoge y reitera la doctrina sentada por la
Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público en la circular externa número 7, del 20 de febrero de
2007.



4 Ídem.




5 Ídem, numeral 7º.


 

RESOLUCIÓN


Resolución
No 008 de 2007 (Mayo
29)Por la cual se aprueba la
ponencia con autoridad de la
Academia.


VER OTROS CONCEPTOS