CONSULTA


Se debe o no pagar el impuesto del 3 a favor del fondo rotatorio (C.S.J.) cuando hay adjudicación del bien a favor del aceedor por cuenta del crédito? Que validez tiene un concepto de la División de Fondos Especiales y Cobro Coactivo de la Administración Judicial en el sentido que hay que cancelarlo por que no existe distinción para la adquisición del bien entre remata y adjudicación?
Joaquín Arbelaez Giraldo
Armenia




CONCEPTO DE LA ACADEMIA


Bogotá, abril 14 de 2009.
SEÑORESACADEMIA COLOMBIANA DE JURISPRUDENCIAATT. DR. MARCO GERARDO MONROY CABRAPRESIDENTEDR. HECTOR ENRIQUE QUIROGA CUBILLOSSECRETARIOL.C.
Apreciados señores:
En comunicación del 26 de marzo se me asigna para elaborar el correspondiente proyecto de respuesta a la consulta presentada por el señor Joaquín Arbeláez Giraldo, quien solicita el concepto de la Corporación respecto de: ?Se debe o no pagar el impuesto del 3% a favor del fondo rotatorio (C.S.J.) cuando hay adjudicación del bien a favor del acreedor por cuenta del crédito? Que validez tiene un concepto de la División de Fondos Especiales y Cobro Coactivo de la Administración Judicial en el sentido de que hay que cancelarlo porque no existe distinción para la adquisición del bien entre remate y adjudicación ??.
Someto a los H. Académicos el siguiente proyecto de respuesta a los dos interrogantes planteados:
1.- El artículo 7 de la ley 11 de 1987 estableció que: ?Los adquirentes en remates de bienes muebles e inmuebles que se realicen por el Martillo del Banco Popular, el Fondo Rotatorio de Aduanas, los juzgados civiles, los juzgados laborales y demás entidades de los órdenes nacional, departamental y municipal, pagarán un impuesto del 3% sobre el valor final del remate, con destino al Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia. Sin el lleno de este requisito no se dará aprobación a la diligencia respectiva?.
2.- El decreto 2282 de 1989 al adicionar el art. 529 del C. de P. C., dispuso que el impuesto debe pagarse dentro del mismo término con que se cuenta para cancelar el saldo del precio, so pena de que se impruebe el remate al señalar en el inciso primero que: ?El rematante deberá consignar el saldo del precio dentro de los tres días siguientes a la diligencia a órdenes del juzgado de conocimiento, descontada la suma que depositó para hacer postura, y presentar el recibo de pago del impuesto que prevé el artículo 7º de la Ley 11 de 1987.?
3.- El mismo artículo 529 en su inciso final adiciona que: ?Si quien remató por cuenta del crédito no hiciere oportunamente la consignación del saldo del precio del remate y no pagare el impuesto mencionado en el inciso primero, se cancelará dicho crédito en el equivalente al veinte por ciento del avalúo de los bienes por los cuales hizo postura; si fuere el caso, por auto que no tendrá recurso se decretará la extinción del crédito del rematante.?
4.- El Acuerdo 1118 de febrero 28 de 2001 del Consejo Superior de la Judicatura ?Por el cual se reglamenta el recaudo, consignación y control del impuesto de remate creado por el artículo 7º de la ley 11 de 1987?, dispone en el art. 1 que: ?El impuesto de remate que se pague por los adquirentes como prerrequisito para la aprobación de la respectiva diligencia de subasta de bienes muebles e inmuebles, realizada por el martillo del Banco Popular, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, los juzgados civiles, los juzgados laborales y demás entidades de los órdenes nacional, departamental y municipal, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 7º de la ley 11 de 1987 reiterado por el numeral 13 del artículo 243 del decreto ley 663 de 1993 y parcialmente modificado por el artículo 5º de la ley 66 de 1993, será cancelado mediante consignación al Tesoro Nacional en la cuenta del Banco Popular No.050-00117-1, denominada DTN-Impuesto de remate del 3%- Consejo Superior de la Judicatura, código rentístico 5011-02-02.?
5.- Del análisis de las anteriores disposiciones surge con claridad que todo adquirente en diligencia de remate judicial de cualquier bien que se subaste, debe pagar, dentro de los tres días siguientes a la diligencia, salvo ampliación del plazo de darse las condiciones legales, el impuesto del tres por ciento (3%) sobre el valor por el cual le fue adjudicado el bien en el remate.
6.- En este orden de ideas si dentro de la diligencia de remate se presenta como postor el acreedor, oferta por cuenta de su crédito y obtiene que se le adjudique el bien, tiene que pagar el impuesto en cita, como se desprende inequívocamente de lo previsto en el inciso final del art. 529 del C. de P.C. al advertir que ?Si quien remató por cuenta del crédito no hiciere oportunamente la consignación del saldo? corre con la sanción de ver reducido su crédito en un veinte por ciento (20%), o incluso la extinción del mismo si el valor de aquel fuera inferior al porcentaje en cita.
7.- No obstante, el art. 557 del C. de P.C. al establecer disposiciones especiales para el proceso ejecutivo hipotecario señala en los cuatros primeros numerales, que son los pertinentes para esta consulta, lo siguiente:
?Remate y adjudicación de bienes. Para el remate y adjudicación de bienes se procederá así:
?1. Se dará aplicación a los artículos 523, 525 a 528, 529 en lo pertinente y 530.
?2. El acreedor con hipoteca de primer grado, podrá hacer postura con base en la liquidación de su crédito; si quien lo hace es un acreedor hipotecario de segundo grado, requerirá la autorización de aquél y así sucesivamente los demás acreedores hipotecarios.
?3. Desierta la licitación podrá el acreedor, dentro de los cinco días siguientes, pedir que se le adjudique el bien para el pago de su crédito y las costas, por el precio que sirvió de base.
?Si fueren varios los acreedores, la misma facultad la tendrá el de mejor derecho.
?4. Si el precio del bien fuere inferior al valor del crédito y las costas, se adjudicará el bien por dicha suma; si fuere superior, el juez dispondrá que el acreedor consigne a orden del juzgado la diferencia con la última liquidación aprobada del crédito, y de las costas si las hubiere, en el término de tres días, caso en el cual hará la adjudicación. Las partes podrán de común acuerdo prorrogar este término hasta por seis meses.
?Si el acreedor no realiza oportunamente la consignación, se procederá como lo dispone el inciso final del artículo 529, sin perjuicio de que cualquiera de las partes pueda solicitar nueva licitación.?
8.- Se observa de la norma anterior que establece una modalidad adicional de compra de bienes en el proceso de ejecución con base en garantías reales y es así como a más de poderlo hacer en la diligencia de remate, también y sobre el supuesto de que la subasta quedó desierta por ausencia de oferentes, la calidad de acreedor lo habilita para que lo adquiriera dentro de los cinco días siguientes; para el efecto debe solicitar la adjudicación del bien, hipótesis en la cual, por no provenir la adquisición del resultado de la diligencia de remate, no se causa el impuesto del tres por ciento (3%) que, tal como antes se destacó, establece como requisito para su causación que el bien sea adquirido dentro de la diligencia de remate.
9.- Es de advertir que el inciso segundo del numeral 4 del art. 557 del C. de P. C., inicialmente también imponía la obligación de pagar el impuesto del tres por ciento (3%) y sancionaba al acreedor que no realizaba oportunamente la consignación de la diferencia y ?el pago del impuesto? previsto en el art. 7 de la ley 11 de 1987.
10.- Empero, la Corte Suprema de Justicia(1) declaró inexequible la frase ?y el pago del impuesto?, por considerar que éste se debe sólo cuando se adjudica en el remate y no en uso del derecho que comento, lo que elimina toda discusión sobre el punto.
En efecto, advierte la sentencia que el ejecutivo excedió las facultades que la ley 30 de 1987 le otorgó para modificar el estatuto procesal civil por cuanto:
?extendió dicho impuesto al acreedor que haciendo uso del derecho que le otorga la ley civil pide y obtiene del juez que le adjudique el bien para mediante esta sui generis dación en pago ver satisfecho su crédito. Pero, como es obvio, si la adquisición es resultado no de esta singularísima datio in solutum, sino de su intervención en el remate como postor, deberá entonces el acreedor que así se comportó; pagar el impuesto establecido en el art. 7º de la ley 11 de 1987, pues en tal caso sí es sujeto pasivo del tributo por ser uno de «los adquirentes en remates» que allí se prevén?.
En suma, si el acreedor oferta dentro de la diligencia de subasta y se le adjudica en ella el bien, debe pagar el impuesto del 3% sobre el valor de adjudicación; no obstante, si en la subasta nada ofrece y no se presentan postores, dentro de los cinco días puede ejercer el derecho de que se le adjudique el bien que no se pudo rematar, evento en el cual no se causa impuesto, por no haber sido obtenido en diligencia de remate.
Finalmente y para referirme al segundo de los interrogantes, pongo de presente que el concepto emitido por la División de Fondos Especiales y Cobro Coactivo de la Administración Judicial en el sentido de que hay que cancelarlo porque no existe distinción para la adquisición del bien entre remate y adjudicación, lo estimo errado pues no tuvo en cuenta la precisión realizada por la Corte Suprema de Justicia al decidir acerca de la inconstitucionalidad del mencionado impuesto del tres por ciento (3%) en el evento de la adjudicación, en donde la ley obviamente si hizo una clara diferenciación.
Señores Académicos,
HERNAN FABIO LOPEZ BLANCO
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(1) Corte Suprema de Justicia, sentencia de febrero 28 de 1991, expediente 2202.



RESOLUCIÓN

Resolución No 007 de 2009 (Abril 20).

Por la cual se aprueba la ponencia con autoridad de la Academia.

De acuerdo a Resolución este concepto no puede ser usado en ningún caso concreto ni en procesos judiciales ni extrajudiciales.