CONSULTA

Rioacha, Enero 13 de 2004
Presidente
Academia Colombiana De Jurisprudencia
Bogotá D.C.


Consulto si la Academia compartiría a la siguiente interpretación
sobre la regulación del incidente de cobro de honorarios de
apoderado desvinculado por muerte planteado por heredero debidamente
reconocido en sucesión o legitimado para accionar:



No se
ha fallado al proceso y los herederos se encuentran fuera de este, en que causaron los
honorarios en cuestión, y, por lo mismo se encuentra imposibilitados
de recibir notificaciones a partir de las cuales sea posible computarles términos.




Notificación, que jurídicamente, no se puede equiparar con el hecho
de la muerte de un apoderado porque aquella es una diligencia
judicial y la última es un hecho jurídico con sus consecuencias
apropiadas. Pese a ese presupuesto lógico Jueces afirman que una
notificación y una muerte son equiparables, para contar desde ésta
términos judiciales.



Nada
puede ser causa y efecto al mismo tiempo. El orden natural es que a
la muerte de apoderado (causa) sigan las notificaciones necesarias
(efectos). Así, notificación (diligencia judicial) y muerte de
apoderado (hecho jurídico) no se puede confundir para equipados y
computar términos legales desde dicha muerte a herederos que no
están en el proceso. Tremendo absurdo, pues no es la misma situación
la del abogado a quien se le haya revocado el poder que la de los
herederos del apoderado muerto, en interrumpido proceso.


El
inciso 2° del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil,
claramente se refiere al abogado a quien se le haya revocado el
poder (al apoderado muerto no se le ha revocado el poder), en el
curso del proceso, para facultarle a pedir que dentro de los Treinta
(30) días siguientes a "la notificación" del auto que admite dicha
revocación se regulen los honorarios. "Una buena lectura de este
inciso permite desprender que únicamente se le puede contar el
término ge Treinta (30) al abogado "a quien se le haya revocado el
poder, después de la notificación del auto que admite a dicha
revocación", y, no al heredero que no está en el proceso, por simple
imposibilidad jurídica. Si no se violaría el principio de la
igualdad consagrado en nuestra C.P., pues al abogado" a quien se le
haya revocado el poder" se le contaría los Treinta (30) días después
de la notificación del auto que admite a dicha revocación e
igualmente al heredero a quien no se le hubiera hecho ninguna
notificación.

Lo
cual clama como absurdo e injusto y se violaría el artículo 120 del
Código de Procedimiento Civil que dispone: "Todo término comenzará a
correr desde el día siguiente al de la notificación de la
providencia que lo conceda". Esto es fundamental, porque mientras no
haya notificación no puede empezar ningún término ni arribarse a
ninguna preclusión, que este ajustada a derecho.

Esto
es, que a los herederos a quienes no se les hubiere hecho
notificación pertinentemente en los autos donde actúo el causante
como apoderado no se les puede computar los Treinta (30) días mentados a
partir de la muerte del apoderado, como si este hecho jurídico equivaliera a una notificación y estimarlos precluidos. Simplemente
porque el heredero no esta en el proceso. A quien no se le puede
contar términos preclusivos sin notificación.

Para
no violar el derecho de defensa del heredero lo aplicable es el
penúltimo inciso del artículo 169 de Código de Procedimiento Civil
que dispone: "Quienes pretendan apersonarse en un pr eso
interrumpido", deberán presentar las pruebas que demuestren el
derecho que le asista. La petición se formulará y tramitara como lo
establece el artículo 52" articulo que puntualiza la intervención
adhesiva y litisconsorcial según la extensión de los efectos
jurídicos de la sentencia, la cual se pronuncia normalmente sobre
las agencias en derecho u honorarios, a que tendrían derecho los
herederos, y la aceptación judicial, de plano, de la intervención y
consideración de las peticiones que hubiere formulado el
interviniente".

A
propósito del inciso 3
o del artículo 69 del
Código de Procedimiento Civil ("Igual derecho tiene el heredero o el
cónyuge sobreviviente, de quien fallezca ejerciendo mandato
judicial") enseña un inscripción de Hércules: "Nec plus ultra (no
más allá), ilustrando que no se debe rebasar el alcance de este
inciso 3° que únicamente se refiere al derecho a la regulación de
honorarios mediante incidente, pues lógicamente es imposible que se
refiera también al modo de plantearlo. porque la vía legal prevista
para los titulares referidos (cónyuge o herederos) es la
intervención de terceros prevista por los artículos 52 y 169 del
Código de Procedimiento Civil.



Es
incontestable que el inciso 3° del artículo 69 del Código de
Procedimiento Civil para nada señaló que el término para ejercitar
el derecho de regulación de honorarios mediante incidente debía
computarse como fue previsto en el numeral 2°, sin articular aquella
previsión con la de la intervención de terceros en un proceso.



La máxima distinción del
derecho, desde el derecho romano, es la de ser razonable, y no lo
es, computar términos sin notificación previa.



En
conclusión: Puede computársele el término de Treinta (30) días
mentado a herederos que no han intervenido en el proceso y por lo
mismo que no han recibido ninguna notificación y en consecuencia
denegarles el incidente de regulación de honorarios, una vez han
intervenido, dizque por vencimiento del término y extemporaneidad?


Gracias. Espero su sabia respuesta con acato.


Atentamente,


JAIME ALFONSO REDONDO

 


RESPUESTA DE LA
ACADEMIA

Bogotá, D.C. mayo 4 de 2004

Señor Doctor
MARCO GERARDO MONROY CABRAPresidente

ACADEMIA COLOMBIANA DE
JURISPRUDENCIA


Bogotá.


Señor
Presidente:

Don
Jaime Alfonso Redondo, desde Riohacha, consulta a la ACADEMIA sobre
la aplicación de los inciso s 2° y 3° del artículo 69 del C. de P.
C., que a la letra dicen:




"El
apoderado principal o el sustituto a quien se le haya revocado el
poder, sea que esté en curso el proceso o se adelante alguna
actuación posterior a su terminación, podrá pedir al juez, dentro de
los treinta días siguientes a la notificación del auto que admite
dicha revocación, el cual no tendrá recursos, que e regulen los
honorarios mediante incidente que se tramitará con independencia del
proceso o de la actuación posterior. El monto de la regulación no
podrá exceder del valor de los honorarios pactados.


Igual derecho tiene el
heredero o el cónyuge sobreviviente de quien fallezca ejerciendo
mandato judicial".


La
consulta, en síntesis, versa sobre el momento en que empieza a
contarse el término allí establecido en el caso de la muerte del
apoderado, que según el autor de la consulta, no puede ser el fijado
para el apoderado a quien se revoca el poder, pues los herederos no
son parte en el proceso.


Se
trata, pues de un problema de interpretación de la ley, materia
sobre la cual conviene hacer algunas precisiones, así sean
elementales, comenzando por advertir que la materia está regulada en
el Código Civil y en la Ley 153 de 1887 (y en aquellas leyes que las
modifican o suprimen), textos que no están derogados, pese a su
antigüedad, condición que,
lejos de descalificar el derecho, lo enaltece. Esta regla está
consagrada el artículo 8° del C.
C. cuya que dice:



"La costumbre en
ningún caso tiene fuerza contra la ley. No podrá alegarse el


desuso para su inobservancia, ni práctica alguna, por inveterada y
general que sea".




Las
normas citadas establecen una clara distinción, que emana de las
condiciones propias de la Carta, que es el derecho positivo primario
y cuna y raíz de todo el ordenamiento jurídico posterior, y, por lo
tanto, de la ley. En efecto; la Ley 153 en su artículo 4° establece:



"Los
principios del derecho natural y las reglas de la jurisprudencia
servirán para ilustrar la Constitución en casos dudosos, La doctrina
constitucional es, a su vez, norma para interpretar las leyes".



Para
la interpretación de la ley sientan unas reglas, que en materia del
procedimiento civil están complementadas por los artículos iniciales
del Código de la materia. Reglas y normas estas que, para responder
la. consulta formulada por el Sr. Redondo, utiliza la ACADEMIA, así:

En
primer lugar, y acatando el mandato del artículo 27 de C. C., deben
examinarse las palabra de la ley, y al hacerlo en el caso de la
consulta, resulta que no es claro. En efecto, el inciso 2° atrás
transcrito, ordena que el término para promover el incidente
mediante el cual se regulen los honorarios del abogado a quien se
revoque el poder comienza a contarse desde "...la notificación
del auto que admite dicha revocación...", lo cual responde a la
realidad procesal: oficialmente, en el expediente -y recuérdese que
quid non est in acti non est in mundo--, la revocatoria (lo
mismo que el poder), sólo tiene vida cuando aparece en él,
físicamente, como lo ordena el arto 174 del C. de P.C. ("Toda
decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y
oportunamente allegadas al proceso").

El
inciso 3° que se analiza señala una hipótesis distinta, la de la
muerte del apoderado, para conceder a los herederos la posibilidad
de hacer regular los honorarios del causante mediante un incidente,
dentro del mismo proceso en que él actuó.


Para
averiguar si la notificación del auto por Estado vincula a los
herederos o a la cónyuge del
apoderado muerto, la ACADEMIA usa a los medios que señala la ley:
"acudir a su interpretación o espíritu, claramente
manifestados en ella" (C.C. 27), ya la analogía (C.C. 30; Ley
153 de 1.887, 8).


Siguiendo esta metodología, encuentra la ACADEMIA, en primer lugar,
que la Constitución de 1.886 -tal como regía cuando fue establecido
el Código de Procedimiento Civil- quería una "pronta y cumplida
justicia" y encargaba al Presidente de velar por ella; y que
tanto las leyes como la jurisprudencia insistieron en la
"economía
procesal",
que es una forma de lograrla; el C. de
P. C. ordena a los jueces velar por ella (art. 7,1). La actual Carta
Política se desenvuelve en el mismo sentido, aún sin una
consagración expresa, como existe para rama administrativa (209).

Dentro
de esta concepción, y por cuanto el Juez que lleva un proceso puede
tasar con mayores elementos de juicio los honorarios del abogado que
ha actuado en él, el Código de Procedimiento Civil permite que se
fijen por incidente dentro de proceso en el cual se produce el
cambio de apoderado ya sea por revocatoria del poder o por muerte.
Se
establece así que el móvil del legislador para crear esta
institución, fue el de acelerar la prestación de la justicia.

¿A
quién se presta la justicia? Obviamente, al abogado sustituido o a
los herederos del abogado fallecido; y desde luego, al litigante
representado por él, pues la justicia es para ambos. Y, además, a
las partes en litigio, en cuanto esos honorarios puedan incidir en
las cartas.


Y aquí es pertinente una precisión: el cobro de los honorarios del
abogado destituido o muerto puede hacerse, también, por medio del
juicio ordinario laboral correspondiente, pues el artículo 69 que se
estudia no es excluyente; de hecho utiliza la expresión"..
podrá pedir
al juez...
",
indicando así que es una facultad que
se otorga al interesado, quien, a su arbitrio, o por razón de las
circunstancias, puede acudir directamente a otra forma procesal. Lo
mismo que ocurre con quien gana un juicio, que puede iniciar, dentro
del mismo expediente, juicio ejecutivo (C. de P. C. 335), o hacerlo
en otro proceso Lo cual, además es obvio para los herederos del
apoderado fallecido, quienes no tienen, tan siquiera, acceso al
expediente (salvo que sean abogados).

Y esta
última observación conduce al meollo del problema: el abogado
destituido conoce el expediente, tiene acceso a él, y obligación de
vigilarlo; por lo tanto es lógico que el término para promover el
incidente comience a contar desde cuando el juez resuelve sobre la
revocatoria del poder. Pero los herederos del abogado fallecido no
tienen conocimiento del proceso; de hecho, pueden ignorar que
existe, o aún sabiéndolo, ignorar en que despacho cursa, en qué
estado se halla, etc.

La
forma normal de notificar las providencias de un proceso en curso,
la fijación por estado, no rige para quienes no son parte en él.
Previamente es necesario vincularlos.




Y aquí
valen dos aclaraciones:



La
primera, incumbe a los Jueces, quienes están obligados (C. de P.C.
37,3), a





"Prevenir, remediar y sancionar por los medios que este código
consagra, los actos contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad
y probidad y buena fe que deben observarse en el proceso, lo mismo
que toda tentativa de fraude
procesal
".




Y la
segunda, a los abogados, para quienes constituyen falta a la lealtad
profesional (D. 196/71,57,2 Y 4) atentar contra los honorarios de un
colega.

En
consecuencia, el Juez, antes de aceptar la sustitución del poder,
debe exigir al nuevo apoderado la información acerca de los motivos
de la revocatoria, o del nuevo nombramiento, y aclarar, respecto de
quien se retira no sólo lo relacionado con los honorarios, sino sus
posibles faltas, para que se investiguen, si es del caso.

Pero
si el Juez, o el nuevo abogado no cumplen con estas reglas
elementales, los herederos del abogado fallecido no pierden la
oportunidad de pedir la liquidación dentro del mismo proceso sino
después de treinta días, contados a partir de la fecha en que se los
vincule a él. lo que se debe hacer, por notificación personal, pues
de acuerdo con el artículo 314 del C. de P.C.



"Deben
notificarse personalmente las siguientes providencias



"2º. La primera que debe hacerse a terceros".



Para
ello se tendrá en cuenta la regla del art. 81 del C. de P.C.

Debe
recordarse, además, que según el art. 137,4,


"Por
regla general los incidentes no suspenden el curso del proceso...
"




De
todas maneras, herederos y cónyuge, se los vincule, o no, pueden
acudir al proceso laboral del caso teniendo en cuenta -en cuanto el
posible crédito no se haya adjudicado, con los requisitos de ley-
que deben actuar a nombre de la sucesión.

Dejo
en esta forma rendido el concepto que me fue solicitado, para que Ud.
Sr. Presidente, lo someta a consideración de la ACADEMIA.


Atentamente,



BERNARDO
CARREÑO VARELA
 

RESOLUCIÓN


Resolución
No 003 de 2004 (07 de
Mayo)Por la cual se aprueba la
ponencia con autoridad de la
Academia.


VER OTROS CONCEPTOS